Su implicación va más allá de su papel como consejero del Govern, según la Guardia Civil
Ante la candidatura a la investidura de Jordi Turull, La Moncloa advirtió ayer de que el exconsejero tiene encima «la espada de Damocles» por su investigación judicial. Lo cierto es que Turull era una figura «extraordinariamente relevante» en la trama del proceso independentista, según la Guardia Civil. Los investigadores sostienen que su papel en los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre va más allá de su cargo como consejero de Presidencia del Gobierno de la Generalitat que presidía Carles Puigdemont. Así lo concluye el Instituto Armado en un informe entregado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, al que ha tenido acceso ABC. La Guardia Civil lo sitúa en el «comité ejecutivo» de la confabulación para la organización de la consulta y la declaración de independencia.
El ahora diputado de JpCat en el Parlamento catalán asumió en julio del año pasado la cartera de la Consejería de Presidencia cuando su antecesora, Neus Munté, «decidió desmarcarse de los acontecimientos que estaban por llegar», remarca la Guardia Civil. Dos meses después se celebraría el referéndum independendista. A pesar de que fue en esas fechas cuando se convirtió en consejero, «es evidente que ha sido una persona tremendamente cercana al procés y de mucha importancia dentro de Convergència» desde mucho tiempo antes, señala el informe.
Como consejero, su departamento fue el encargado de diseñar e insertar la publicidad anunciando la celebración de la consulta y el registro de catalanes en el exterior. También fue la Consejería de Presidencia la que adquirió los dominios en Internet para el Pacto Nacional para el Referéndum, una campaña de adhesiones para recoger el apoyo de instituciones, entidades y particulares para el 1 de octubre.
Los «pinchazos» a Jové
Los «pinchados» del teléfono del que era secretario general de Economía, Josep Maria Jové, también implican a Turull. El 6 de septiembre del año pasado hay una llamada de Jové a Elsa Artadi -entonces directora general de coordinación interdepartamental de la Consejería de Presidencia- en la que ésta pregunta en qué fecha se publicaría el decreto de convocatoria del referéndum «porque le había dicho Turull que fuese Jové quien supervisase la fecha». Fue en aquellas fechas cuando el Parlament tramitó las polémicas leyes de desconexión.
Esa misma noche la Generalitat envió una carta a cada uno de los ayuntamientos de Cataluña en la que se les informaba de la aprobación del decreto de convocatoria del referéndum y que, en base a las leyes de desconexión, «los ayuntamientos ponían a disposición de la administración electoral los locales de su titularidad».
Sobre el papel de Turull en la trama independentista también aporta luz el análisis del correo de Oriol Junqueras que llevó a cabo la Guardia Civil. Los investigadores localizaron una carta en la que Turull pedía al entonces vicepresidente una partida extraordinaria de 3,4 millones de euros para una campaña de contenido cívico. Junqueras autorizó el gasto pero finalmente no se adjudicó porque las empresas licitadoras se dieron cuenta de que no era un proyecto de civismo sino «de una campaña política que estaba siendo ocultada bajo el término de Civisme» para promover el referéndum independentista.
Los pagos a Unipost
También tuvo relevancia el papel de Turull respecto a los gastos de las papeletas, el censo electoral y las citaciones para las mesas electorales, de las que se encargó la empresa Unipost. La Guardia Civil sostiene que la empresa libró facturas a la Generalitat por un valor de 979.661 euros. El Govern repartió el gasto en cinco consejerías para «una mejor ocultación», pues pretendían que no se supiese que ese dinero se destinaría al referéndum.
Uno de los departamentos que se utilizó para trocear ese gasto fue, precisamente, el dirigido por Jordi Turull, al que Unipost habría de girar una cantidad de 198.871 euros, siempre según el informe de la Guardia Civil. Ayer declararon ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum, dos directivos de Unipost en calidad de testigos que aseguraron que esta compañía postal no recibió ningún pago del Govern sobre el 1-O. No cobraron ni un euro, según aseguraron a preguntas de las partes.
Pero más allá de las funciones que dependían de su cartera, Turull había participado anteriormente en varias reuniones del comité estratégico del procés. En febrero de 2016 asistió a una reunión de ocho personas -entre las que estaban Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el expresidente Artur Mas- para definir las «fases y secuencias del procés»: leyes de transitoriedad jurídica y proceso constituyente; declaración de independencia, elecciones constituyentes, referéndum constituyente y el «momento de hacer la desconexión». Luego esta idea se enmendó y en un encuentro en junio del mismo año valoraron la posibilidad de convocar el referéndum antes de las elecciones constituyentes, concretamente en octubre. Los implicados también concluyeron «que era evidente que no habría ninguna propuesta española por lo que aplicarían la unilateralidad», recoge el informe de la Guardia Civil.
El Instituto Armado remarca que Turull era un cargo «de mucha importancia dentro de Convergència». Fue, entre otras cosas, portavoz de CiU. No fue juzgado dentro de la causa del escándalo del Palau de la Música por las «mordidas» que los convergentes cobraron a Ferrovial a cambio de conceder a la constructora obras públicas a través del partido durante las presidencias de Jordi Pujol y Artur Mas. No se sentó en el banquillo pero sí que acompañó al entonces tesorero convergente, Daniel Osàcar, en sus citas a los juzgados. Turull y Oriol Pujol eran quienes arropaban al hombre que llevaba las cuentas de la formación. Lo hicieron durante la fase de instrucción pero cuando llegó la hora del juicio lo dejaron solo. Pese a manifestar públicamente su apoyo, nadie del partido lo acompañó a Osàcar ni a una sola de la treintena de sesiones del juicio, celebrado en el primer semestre de 2017. A principios de año, la Audiencia de Barcelona confirmó que las acusaciones eran ciertas y que CDC había recibido 6,6 millones de Ferrovial.
Defendió a Oriol Pujol
Jordi Turull también acompañó a Oriol Pujol a los juzgados cuando tuvo que declarar por su presunta vinculación con la trama de las ITV. Todavía no se ha celebrado el juicio por esta causa contra el único hijo del expresidente de la Generaltitat que se dedicó a la política, pero su defensa ha tratado de llegar a un pacto con la Fiscalía para rebajar la pena a cambio de reconocer los hechos. Cuando imputaron a Oriol Pujol, Turull lo defendió ante los medios: «Soy testigo personal de la honestidad de Oriol Pujol en su actuación política».
El 20-S
Otro informe de la Guardia Civil entregado al juez Pablo Llarena trata de demostrar que la manifestación convocada ante las puertas de la Consejería de Economía el 20 de septiembre por un registro policial fue violenta. Es la concentración por la que, a día de hoy, Jordi Sànchez (Assemblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) permanecen en prisión provisional.
El Instituto Armado considera que el objetivo de esta y otras concentraciones era el de «impedir por la fuerza las órdenes judiciales y las actuaciones de los agentes». Las protestas se organizaron con el beneplácito del Govern y tenían como última finalidad mostrar la supuesta persecución del Estado, con tal de legitimar la celebración de un referéndum como paso previo a la declaración unilateral de independencia. El informe también concluye que el llamamiento por parte del Govern para una «resistencia pacífica» en la jornada del 1 de octubre no era más que «un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación» a sectores independentistas para que «hicieran frente» a la policía.
El papel de los CDR
La Guardia Civil cree que los encausados eran conscientes de que después de movilizar a los votantes en los centros electorales «quedaban sin ningún tipo de control». Sabían que estaban incitando a la gente para intimidad a los agentes policiales, sostiene el informe entregado al juez.
En el mismo informe, el Instituto Armado también identifica a los promotores de los Comités de Defensa de la República (CDR) y vincula su acción de resistencia «activa» y «pacífica» a las entidades soberanistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, así como a Junts per Catalunya (JpCAT), ERC y CUP.
«El objetivo de movilización social para la consecución de una República Catalana es común para ANC, Òmnium Cultural y los CDR, contando estos últimos con una mayor eficacia y repercusión en términos de llamamiento a la población para movilizarse y emprender su estrategia de resistencia y desobediencia civil», resalta el informe, que también apunta que estos organismos «orientaban el voto» a partidos independentistas en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
Los investigadores acreditan esta conexión en base a publicaciones editadas por estos organismos y sus intervenciones en medios de comunicación, y también identifica a algunos de los impulsores de los CDR. El nombre que más aparece en este sentido es el de la portavoz del CDR de Sants, Helena Vázquez.....http://www.abc.es/ MRF
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