La juez Lamela le imputa dos delitos de sedición y no descarta acusarle de organización criminal
El exmayor comparece por tercera vez ante la magistrada, quien le prohibió salir de España
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una fianza de 50.000 euros para el antiguo jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, que declara ante el juez desde las 9 de la mañana. Es la tercera vez que el mayor comparece ante la magistrada, en esta ocasión por la pasividad de los Mossos en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Las pruebas acumuladas por los investigadores acorralan a Trapero, a quien sitúan en la dirección de «un plan premeditado» para facilitar la votación ilegal, a través de la inactividad de los agentes policiales, que la juez ubica dentro de la estrategia del independentismo para lograr la secesión por los cauces ilegales. El actual responsable del cuerpo autonómico, Ferrán López, está citado como testigo, también este viernes, a las once.
«La finalidad inmediata de Trapero en los hechos descritos estaba orientada a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales, desatendiendo el mandato recibido desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en contra de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional», relató la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la investigadora de la causa contra Trapero, en el auto en el que le citó de nuevo a declarar. El testimonio del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, el coordinador del dispositivo policial del 1-O, relató ante la juez que Trapero preparó una actuación de los Mossos insuficiente y que desoyó los avisos de que la mejorase.
En esa resolución, la magistrada imputó un nuevo delito de sedición a Trapero, por esa pasividad de los Mossos el 1-O. Hasta ese momento, el mayor se encontraba investigado por un solo delito de sedición, por el acoso a la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre, cuando una masa de manifestantes impidió la salida normal de la comitiva judicial, sin que los Mossos facilitasen su labor. La letrada de la administración de justicia tuvo que salir por la azotea y camuflarse entre el público de un teatro, y tres vehículos oficiales fueron destrozados. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los instigadores de la moviliación, se encuentran en prisión preventiva.
El delito de sedición castiga con hasta quince años de prisión a aquellas autoridades que impidan por la fuerza, por medio de un alzamiento tumultuario, la labor de la justicia o los agentes policiales. La magistrada avanza en el último auto que no descarta imputar en el futuro organización criminal al mayor Trapero.
Trapero declaró en la Audiencia Nacional, por segunda vez, el pasado 15 de octubre y quedó libre con la prohibición de salir de España. La magistrada acordó esta medida cautelar, igual que la retirada del pasaporte, para asegurar la disponibilidad del mayor ante la justicia, pero rechazó encarcelarle, como solicitó la Fiscalía....http://www.abc.es/ MRF
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