Las luces se apagan y en la pantalla aparece el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa recorriendo Barcelona a cámara rápida en una minivan. El político va de aquí para allá entrevistándose con todo aquel cargo que afirme que Junqueras y compañía son unos pobres inocentes, encarcelados injustamente por sus ideas. El protagonista, llamado Boriss Cilevics, también se cita con representantes políticos y de la Fiscalía que defienden la sentencia del Tribunal Supremo. Pero a estos les dedica menos tiempo y, además, no les hace caso. No quiere que le estropeen la tesis de que España es un país totalitario que encarcela a los políticos por sus ideas.
En su afán por demostrar este teorema
se cita con líderes independentistas que dicen las mismas cosas que aquellos que están en la cárcel. Y no solo están en libertad sino que ejercen un cargo público y cobran un sueldo pagado por todos. Sin embargo, estos detalles también le parecen carentes de importancia. Sus idas y venidas por Barcelona llenan su maletín de bulos sobre la Justicia española que le sirven para meter a nuestro país en el mismo saco que Turquía. Al final de la película se le ve pasando la factura de la minivan al Congreso de los Diputados (y cobrándola).
Ésta podría haber sido perfectamente la trama de una irónica película de Luis García Berlanga sobre la puerilidad con la que España responde a los tejemanejes del independentismo. Pero, desafortunamente, esta historia tuvo lugar la semana pasada cuando el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa aterrizó en nuestro país. Cilevics, perteneciente a los socialistas europeos, está elaborando un informe bajo el título «¿Deberían los políticos ser procesados por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?». El texto preliminar es un compendio de engaños que parecen redactados por Oriol Junqueras y Carles Puigdemont al alimón. «La asamblea parlamentaria está preocupada por el creciente número de políticos nacionales, regionales y locales procesados por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato, en particular en España y Turquía», reza, con un par de narices. Y encima le pagamos la minivan. Si no fuera preocupante que esas conclusiones suenen plausibles en Europa darían para reírnos un rato.
La cuestión no es que el ponente letón desconozca los hechos que han tenido lugar en España y quiera investigar de manera seria por qué fueron encarcelados los líderes independentistas. El problema es que su análisis nace viciado porque parte de que la sentencia del Tribunal Supremo fue injusta y antidemocrática sin ni siquiera habérsela leído, como él mismo ha reconocido. Su surrealista investigación tiene, además, un elemento turbador. Nació en el seno del grupo socialista europeo y encontró el apoyo de 16 parlamentarios de esta formación mientras los representantes del PSOE miraban hacia otro lado. ¿Dónde estaban los socialistas españoles el día que la asamblea parlamentaria aprobó una iniciativa que cuestiona su democracia? ¿dónde estaban antes, cuando Cilevics, empezó a mover la moción dentro de su grupo? Si no vieron venir los movimientos del político letón, su dejación de funciones es intolerable. Si le dejaron hacer, aún peor.
La connivencia de los socialistas con el indepentismo se está volviendo sistémica. Ayuntamientos, poder autonómico, Gobierno y, ahora también, el Consejo Europeo...Ana I. Sánchez
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