La proposición inicial, enmendada por los populares, también incluye pedir que los CDR se incluyan en la lista de organizaciones terroristas
Los votos unidos de Vox, PP y Ciudadanos han sacado adelante una proposición no de ley del primer grupo en la que se pedía instar al Gobierno de la nación a ilegalizar los partidos separatistas, a inscribir a los comités para la Defensa de la República en la lista de organizaciones terroristas, y privarles de todo tipo de subvención o ayuda pública. La propuesta ha salido adelante con 66 votos a favor -los de los tres grupos mencionados- y la oposición de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.
A pesar de que votaron a favor, el PP mostró muchas reticencias respecto a la proposición, que la viceconsejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, tachó de una «iniciativa con tintes electoralistas» y criticó su «ajuricidad». Ha recordado que el PP no ha sido «tibio» en cuanto a la situación de Cataluña, y ha recordado que «despreciamos el engendro político en que se ha convertido el nacionalismo catalán».
Los populares, de hecho, presentaron una enmienda que no fue aceptada por Vox. En ella matizaba algunos puntos de la propuesta inicial: pedía que la inclusión de los CDR en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea se impulsara «si así es dictaminada judicialmente». Respecto a las subvenciones o ayudas públicas que recibieran, el PP rebajaba la exigencia a que se retiren «de inmediato» que hacía Vox a una petición de que se «investigue, y en su caso actúe, con todos los medios a su alcance, sobre la procedencia y justificación de los recursos financieros de que disponen los grupos responsables del continuo desafío al Estado de Derecho en Cataluña».
Ciudadanos: «Sobre la mesa su propia ilegalización»
También desde Ciudadanos recordaron que «el odio no está ahí; el odio se fabrica», y «hay partidos que ganan en ese miedo, populistas de derechas y de izquierdas». La diputada naranja Araceli Gómez ha arremetido contra Vox, en cualquier caso, por su propuesta, al señalar que «está sobre la mesa el debate de su propia ilegalización por atentar contra el ordenamiento jurídico, contra valores constitucionales como la igualdad y la no discriminación». No obstante, luego la votaron a favor.
Los partidos de izquierda, sin embargo, fueron claramente contrarios a esta petición. Jacinto Morano, de Unidas Podemos, también le achacó un «tufo electoral» y ha recordado que «no hay ninguna condena judicial, ni siquiera una acusación formal» contra los CDR, por lo que ha achacado a los diputados de Vox que con esta propuesta quieran «instar a que el Ejecutivo condene directamente a estas personas».
El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, la calificó de «esperpento político y social», y ha recordado que «siempre ha habido en esta Asamblea consenso en contra de cualquier tipo de terrorismo».
El diputado socialista José Manuel Rodríguez Uribes ha considerado la PNL «improcedente formal y materialmente». Ha criticado que Vox «confunda la libertad de prensa con el derecho de veto, y ahora quiere ilegalizar a todo el que no creaque España es una, grande y libre», pero les ha recordado que «las ideas no delinquen» y que «los que deciden quién es terrorista y quién no son los jueces».
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