Sólo dos de las entidades implicadas, CATmón e Igman, recibieron 10 millones de euros para proyectos
La Diputación de Barcelona controlada por Convergencia desvió al menos dos millones de euros dedicados a la cooperación y el desarrollo en terceros países a entidades dirigidas por personas de su entorno. El dinero, por una parte, habría servido para beneficio de particulares y también se investiga si parte de los fondos financiaron las actividades de ese partido. Las fuentes consultadas no descartaban anoche que en la última etapa se hubiera destinado algún dinero a financiar el «procés», si bien no hay datos concretos en este sentido. Abonaría esa hipótesis que una de las fundaciones investigadas comparte despacho con Ómnium Cultural, cuyo presidente, Jordi Cuixart, está en prisión acusado de rebelión.
Este es el resumen de la macrooperación en Cataluña liderada por la Comisaría General de Policía Judicial -participaron la UDEF y la Unidad Central de Ciberdelincuencia-, y la Brigada Provincial de Policía Judicial, resultado de más de dos años de investigaciones y en la que fueron detenidas 29 personas. De ellas cinco pasarán a disposición judicial, mientras que el resto sólo estuvieron arrestados el tiepo necesario para hacer los registros que les afectaban.
La operación, denominada «Estela», fue dirigida por Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona -que lleva más de un año investigando el entramado- y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona.
Entre los detenidos está un expresidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, hombre de la máxima confianza de Quim Torra; el alcalde de Tordera (Barcelona), el convergente Joan Carles García, y Víctor Terradellas, quien fue Secretario de Relaciones Internacionales de CDC. Asimismo, se investiga al diputado autonómico de Junts per Catalunya y socio del anterior Francesc Dalmases, muy próximo a Puigdemont, si bien no fue arrestado.
Apropiación de fondos
A los implicados se les imputan los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. Los fondos desviados estaban destinados a proyectos de cooperación al desarrollo en países de Iberoamérica, Marruecos y Bosnia entre otros. Las partidas investigadas se remontan al periodo que va entre 2012 y 2015, y comenzaron después de recibirse una denuncia anónima. «Un voluminoso mecanoscrito anónimo», en palabras del juez, que fue remitido a la UDEF para que fuese contrastado. A partir de la denuncia y de documentación requerida a la Diputación, la unidad policial detectó múltiples irregularidades en la gestión de las subvenciones: informes técnicos que son simples «copia-pega», actividades subvencionadas que no se llevaron a cabo, o viajes y hoteles en fechas que no se corresponden con los trabajos.
A partir de estas pesquisas previas, el juez consideró que estos cargos de la órbita convergente podrían haberse apropiado de fondos públicos que debían destinarse a la cooperación. Ahora, busca más pruebas para cuadrar el círculo. De ahí, la macrooperación desplegada ayer.
Entre la veintena de registros realizados en Barcelona, Tarragona y Gerona destacan los del departamento de Gobernación y otras sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, así como en entidades sin ánimo de lucro y empresas catalanas, todas ellas vinculadas al nacionalismo. Asimismo los agentes entraron en domicilios personales.
Independentismo
Una de las líneas de investigación que se se ha seguido es el flujo de dinero entre CatMón, IGMAN, ambas controladas por Dalmases y la empresa Discatimat S.L. Sólo las dos primeras entidades han recibido en el periodo investigado más de 10 millones de euros procedentes de diversos organismos públicos catalanes, entre ellos de la propia Diputación de Barcelona, por lo que se sospecha que el fraude sería mucho más elevado que esos dos millones de euros que ya se ha comprobado que fueron desviados.
La fundación CatMón tiene como objetivo principal el reconocimiento de Cataluña como nación en todo el mundo. Su presidente es Víctor Tarradellas, otro de los arrestados y muy próximo a Dalmases, quien aparece como director de la entidad, que fue registrada por los agentes. Asimismo hubo registros en la Oficina de Cooperación al Desarrollo.
La mayoría de los implicados en esta supuesta trama corrupta son personas muy activas dentro del mundo del independentismo, según las fuentes consultadas por ABC, y algunas están ligadas a empresas y entidades que han jugado un papel relevante en el proceso independentista a lo largo de los últimos años. Son, además, de la órbita de CDC.
La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se ha incrementado bajo la sospecha de que incluía fondos para financiar la proyección exterior del plan independentista impulsado por el Govern de Carles Puigdemont, el presidente cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución y fugado para no personarse ante el Tribunal Supremo....http://www.abc.es/ MRF
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