El Ministerio apunta a posibles irregularidades de la interventora y la Generalitat
Las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negando que la Generalitat destinara dinero público a la organización de la consulta ilegal soberanista del 1-O, encuentra un matiz desde su departamento, tras el requerimiento del juez Pablo Llarena para que demuestre si hubo o no malversación de fondos. Montoro se refería solo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), es decir, los préstamos a bajo coste que el Estado despliega para las comunidades.
Así se desprende de la intervención de la secretaria de Financiación Territorial, Belén Navarro en el Congreso de los Diputados. De esta forma, esta sería la partida de la que aseguraría a El Mundo que ni un euro se destinó a organizar la consulta, sin descartar otras vías. Hacienda ha bombeado 75.000 millones por FLA a Cataluña desde 2012. El Ministerio apunta pues a irregularidades de la interventora o del propio Govern al presentar los certificados para así poder justificar el uso de recursos públicos.
Desde que armó el primer dique de controles frente a la Generalitat en julio de 2015, el Gobierno paga directamente a los proveedores de la Administración catalana mediante el FLA, ya que suben sus facturas electrónicas a la plataforma Face de Hacienda, y este desembolsa los fondos tras verificar los comprobantes a partir de un informe mensual de la interventora. Aquí el control es mayor y la gran parte de recursos van a financiar servicios públicos como Educación o Sanidad.
Certificados presentados
No obstante, a raíz de un desvío a finales de junio de 2017 a actividades relacionadas con la consulta, Hacienda endureció el control y este pasó a ser semanal e ir más allá del FLA: la Generalitat debía validar que ningún gasto se destinaba al 1-O con informes semanales firmados por el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras.
La interrupción de este informe a mediados de septiembre, cuando el Parlament aprobó la Ley de desconexión, provocó que el Ministerio fuera más allá y fijara una nueva vigilancia para verificar que las entregas a cuenta del sistema de financiación del Estado a Cataluña, unos 1.400 millones de euros al mes de impuestos cedidos, se pagaran también con el visto bueno de la interventora a la legalidad del destino. Por esta vía, los controles dependían de lo presentado por interventora y Generalitat. Junto a ello, el Govern tenía a su disposición la recaudación por impuestos propios y los ingresos previos al control.
En un comunicado, Hacienda valora «positivamente» el requerimiento de Llarena. ya que le «da la oportunidad» de «aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control» sobre la Generalitat. «Este tema está siendo objeto de estudio por parte de los tribunales por si considerasen que se ha desviado algún dinero que no corresponda a lo que he comentado, o bien que el pago de facturas que está certificado por interventores realmente no correspondiera a tal fin», fue la explicación de Navarro a las pesquisas judiciales.....http://www.abc.es/ MRF
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