La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido este miércoles al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el marco de una nueva operación contra la corrupción que en esta ocasión afecta a la gestión del Canal de Isabel II,
que depende de la Comunidad de Madrid. A estas horas continúa el
registro en la vivienda del ex presidente regional, y asimismo se hacen
registros en empresas y varias consejerías de la Comunidad.
Las operaciones sospechosas que se investigan, por importes multimillonarios, afectan asimismo a la etapa de Alberto Ruiz Gallardón al frente de la Comunidad. Los delitos que se investigan son administración desleal, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, aunque algunas fuentes añaden el de asociación ilícita, prevaricación y cohecho. Es decir, prácticamente todo el abanico delictivo propio de actividades típicamente corruptas y a los que en su caso, según avance la investigación, pueden añadirse otros como el de fraude fiscal.
La operación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las investigaciones han sido impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado. Está decretado el secreto de sumario. La pieza es una derivada de la investigación de la trama Púnica y tiene en el punto de mira la gestión en relación con el Canal de miembros de equipos de gobierno del PP de Madrid y su relación con la gestión del Canal de Isabel II, la empresa pública por excelencia de la Comunidad. Asimismo se investigan adjudicaciones de obra pública concedidas a cambio de dinero por Ignacio González.
El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre habría hecho esas adjudicaciones a cambio de la comisión correspondiente, para luego blanquear ese dinero a través de complejas operaciones financieras en el extranjero a través de algún paraíso fiscal.
Algunas fuentes sitúan en el epicentro de la trama a un hermano del propio González, Pablo, consejero de Mercasa y que se habría beneficiado de forma ilícita de alguna de las operaciones supuestamente irregulares.
Como ya se ha señalado, la investigación salpica a la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente del Ejecutivo regional, en concreto su última época cuando autorizó la compra de Inassa, (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.), la matriz del Canal en Suramérica. El presidente de esta sociedad desde 2006 hasta abril de 2016 fue Edmundo Rodríguez Sobrino. Rodríguez Sobrino fue grabado de forma irregular en 2014 junto a Ignacio González en Colombia. El vídeo de aquel espionaje hizo correr ríos de tinta.
Las investigaciones derivadas de Púnica ya habían avanzado por este camino, pero recibieron un nuevo impulso a mediados del pasado año cuando la presidenta Cristina Cifuentes presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la gestión del Canal de Isabel II, en concreto por la compra que la empresa pública hizo en noviembre de 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia. El Ejecutivo de Ignacio González pagó 21,4 millones por esta sociedad que un año después valía cuatro veces menos. No solo eso, sino que según esa denuncia inicial parte de los pagos se hicieron a través de una cuenta en una sucursal suiza.
La Fiscalía General envió todos los datos aportados por Cifuentes a la Fiscalía provincial de Madrid, pero la causa fue requerida por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, que ya tenía la vista puesta en la gestión del Canal en la investigación de Púnica que dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Con esos datos, Velasco abrió una pieza secreta que puede acabar salpicando no solo a Ignacio González y a algunos de sus más estrechos colaboradores, sino también a la última época de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente del Ejecutivo regional (estuvo desde 1995 hasta 2003).
http://www.abc.es/
MRF
Las operaciones sospechosas que se investigan, por importes multimillonarios, afectan asimismo a la etapa de Alberto Ruiz Gallardón al frente de la Comunidad. Los delitos que se investigan son administración desleal, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, aunque algunas fuentes añaden el de asociación ilícita, prevaricación y cohecho. Es decir, prácticamente todo el abanico delictivo propio de actividades típicamente corruptas y a los que en su caso, según avance la investigación, pueden añadirse otros como el de fraude fiscal.
La operación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las investigaciones han sido impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado. Está decretado el secreto de sumario. La pieza es una derivada de la investigación de la trama Púnica y tiene en el punto de mira la gestión en relación con el Canal de miembros de equipos de gobierno del PP de Madrid y su relación con la gestión del Canal de Isabel II, la empresa pública por excelencia de la Comunidad. Asimismo se investigan adjudicaciones de obra pública concedidas a cambio de dinero por Ignacio González.
El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre habría hecho esas adjudicaciones a cambio de la comisión correspondiente, para luego blanquear ese dinero a través de complejas operaciones financieras en el extranjero a través de algún paraíso fiscal.
Algunas fuentes sitúan en el epicentro de la trama a un hermano del propio González, Pablo, consejero de Mercasa y que se habría beneficiado de forma ilícita de alguna de las operaciones supuestamente irregulares.
Como ya se ha señalado, la investigación salpica a la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente del Ejecutivo regional, en concreto su última época cuando autorizó la compra de Inassa, (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.), la matriz del Canal en Suramérica. El presidente de esta sociedad desde 2006 hasta abril de 2016 fue Edmundo Rodríguez Sobrino. Rodríguez Sobrino fue grabado de forma irregular en 2014 junto a Ignacio González en Colombia. El vídeo de aquel espionaje hizo correr ríos de tinta.
Las investigaciones derivadas de Púnica ya habían avanzado por este camino, pero recibieron un nuevo impulso a mediados del pasado año cuando la presidenta Cristina Cifuentes presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la gestión del Canal de Isabel II, en concreto por la compra que la empresa pública hizo en noviembre de 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia. El Ejecutivo de Ignacio González pagó 21,4 millones por esta sociedad que un año después valía cuatro veces menos. No solo eso, sino que según esa denuncia inicial parte de los pagos se hicieron a través de una cuenta en una sucursal suiza.
La Fiscalía General envió todos los datos aportados por Cifuentes a la Fiscalía provincial de Madrid, pero la causa fue requerida por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, que ya tenía la vista puesta en la gestión del Canal en la investigación de Púnica que dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Con esos datos, Velasco abrió una pieza secreta que puede acabar salpicando no solo a Ignacio González y a algunos de sus más estrechos colaboradores, sino también a la última época de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente del Ejecutivo regional (estuvo desde 1995 hasta 2003).
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