El
ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pasará a la historia por el
dudoso honor de ser el primer miembro de un Gobierno popular que no logra convalidar un Real Decreto-Ley en el Congreso de los Diputados.
La reforma de la estiba tendrá que seguir esperando después de que el Ejecutivo solo haya logrado sumar el apoyo del PNV, UPN y Foro Asturias. Ni siquiera tradicionales aliados de los populares como Ciudadanos y Coalición Canaria han querido estar a su lado en un texto rechazado, fundamentalmente, por ir más allá del estricto cumplimiento de la sentencia europea y no haber estado precedido de negociación previa.
Así, Ciudadanos se ha abstenido y Coalición Canaria ha votado en contra. El apoyo de ninguno de ellos no hubiera permitido la convalidación del texto, pero su posición deja claro el aislamiento del Ejecutivo en este asunto. De la Serna no ha querido hacer comentarios sobre la posición de la formación naranja, cuya relación con el PP atraviesa por un momento delicado, por la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiacion ilegal de Génova en el Congreso. Pero ha dejado ver que el Gobierno toma nota de este nuevo desaire. «Los que estamos aquí tenemos que asumir nuestras propias responsabilidad y decisiones», ha espetado.
Conscientes de la importancia de la votación, todos los grupos han llamado a sus diputados a estar presentes y, por primera vez desde que Rajoy fue elegido presidente, el hemiciclo ha completado su aforo. La votación ha sumado así 175 votos en contra, 142 votos a favor y 33 abstenciones, después de que Podemos hiciera volver antes de tiempo a tres diputadas que estaban de viaje. El exportavoz parlamentario de la formación morada, Íñigo Errejón, se ha abstenido por error.
No obstante, la soledad de la Serna no hacía falta buscarla en las bancadas de la oposición. Servía un vistazo a los sillones azules del Gobierno donde solo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, implicada en las últimas horas para intentar resolver el conflicto ocupaba su escaño durante el debate. No obstante, sí ha acudido el pleno del Gobierno a la votación y el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha querido mostrar su apoyo al ministro de Fomento recorriendo junto a él el pasillo hacia la salida del Palacio.
En la historia de la democracia española solo existen dos precedentes de no convalidación de un decreto y uno de ellos por equivocación. El primero tuvo lugar el 6 de febrero de 1979 con UCD en el Gobierno, con motivo de la prórroga de la Junta Central de Acuartelamiento. El segundo se produjo el 9 de febrero de 2006 por un error del grupo socialista en la votación de los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco.
El debate ha transcurrido entre tensas y duras acusaciones de unos y otros marcadas por la presencia de los representantes de los trabajadores de la estiba en la tribuna de invitados del hemiciclo. El diputado del PSOE, César Ramos, ha acusado al ministro de hacer ofertas con trampa a los trabajadores y le ha echado en cara un esfuerzo negociador insuficiente.
«Si uno se sienta a la mesa una hora eso no es una negociación: hay que arremangarse y ponerse a trabajar para que haya un acuerdo», ha advertido. También ha reprochado al ministro que haya utilizado la posible nueva multa europea como herramienta de presión a la oposición. «Si se hubiera tomado un chupito cada vez que hubiera dicho multa no hubiera acabado la intervención», le ha recriminado.
Para rematar ha avanzado que los socialistas seguirán «dando fuerza» a los sindicatos de la estiba aunque a estos les ha advertido de que deben sentarse a negociar o, de lo contrario, estarán dando argumentos al Gobierno.
Pero la intervención más dura ha procedido de Podemos cuyo orador ha tachado el texto de «salvaje» y ha llegado a exigir al presidente del Gobierno una dimisión «al más alto nivel», apuntando directamente al ministro de Fomento, para depurar responsabilidades por la segunda multa que probablmente impondrá ahora la Comisión Europea a España.
Además, ha acusado a de la Serna de usar «tretas de taberna» contra los trabajadores y le ha advertido de que si persiste en la idea de resolver el conflicto con un nuevo «decretazo» será «un incendiario o un irresponsable».
Amable tampoco ha sido la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, y en otras ocasiones aliada fiel del Gobierno, que ha anticipado el «ridículo de un Gobierno que ha faltado a la verdad».
Coincidencias de la vida, en la sede de Fomento de la Serna tenía previsto entrevistarse con el presidente de la Comisión Europea una vez terminada la sesión. Pero no ha querido abandonar el Congreso sin dejar claro que el decreto derrotado cumple estrictamente con la sentencia europea y que, por lo tanto, el Gobierno no dará ningún otro paso legislativo a la espera de que las partes implicadas lleguen a un acuerdo y el texto pueda ser aprobado más adelante.
La próxima reunión entre patronal y trabajadores tendrá lugar el martes de la semana que viene. No obstante, el ministro no ha querido confiar en que pueda producirse un acuerdo tan rápidamente.
De la Serna sí ha querido lamentar la «falta de responsabilidad política de los grupos de la oposición» por querer dar una bofetada al Gobierno en la cara de los españoles». Así, ha insistido en que los ciudadanos «van a tener que pagar directamente de su bolsillo el mantenimiento del último monopolio», en alusión a la multa que impondrá Bruselas. Y ha defendido que el Gobierno ha actuado con responsablidad en la elaboración y tramitación de una norma que cuenta con el aval de la Comisión Europea y permitía evitar la sanción.
http://www.abc.es/
MRF
La reforma de la estiba tendrá que seguir esperando después de que el Ejecutivo solo haya logrado sumar el apoyo del PNV, UPN y Foro Asturias. Ni siquiera tradicionales aliados de los populares como Ciudadanos y Coalición Canaria han querido estar a su lado en un texto rechazado, fundamentalmente, por ir más allá del estricto cumplimiento de la sentencia europea y no haber estado precedido de negociación previa.
Así, Ciudadanos se ha abstenido y Coalición Canaria ha votado en contra. El apoyo de ninguno de ellos no hubiera permitido la convalidación del texto, pero su posición deja claro el aislamiento del Ejecutivo en este asunto. De la Serna no ha querido hacer comentarios sobre la posición de la formación naranja, cuya relación con el PP atraviesa por un momento delicado, por la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiacion ilegal de Génova en el Congreso. Pero ha dejado ver que el Gobierno toma nota de este nuevo desaire. «Los que estamos aquí tenemos que asumir nuestras propias responsabilidad y decisiones», ha espetado.
Conscientes de la importancia de la votación, todos los grupos han llamado a sus diputados a estar presentes y, por primera vez desde que Rajoy fue elegido presidente, el hemiciclo ha completado su aforo. La votación ha sumado así 175 votos en contra, 142 votos a favor y 33 abstenciones, después de que Podemos hiciera volver antes de tiempo a tres diputadas que estaban de viaje. El exportavoz parlamentario de la formación morada, Íñigo Errejón, se ha abstenido por error.
No obstante, la soledad de la Serna no hacía falta buscarla en las bancadas de la oposición. Servía un vistazo a los sillones azules del Gobierno donde solo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, implicada en las últimas horas para intentar resolver el conflicto ocupaba su escaño durante el debate. No obstante, sí ha acudido el pleno del Gobierno a la votación y el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha querido mostrar su apoyo al ministro de Fomento recorriendo junto a él el pasillo hacia la salida del Palacio.
En la historia de la democracia española solo existen dos precedentes de no convalidación de un decreto y uno de ellos por equivocación. El primero tuvo lugar el 6 de febrero de 1979 con UCD en el Gobierno, con motivo de la prórroga de la Junta Central de Acuartelamiento. El segundo se produjo el 9 de febrero de 2006 por un error del grupo socialista en la votación de los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco.
El debate ha transcurrido entre tensas y duras acusaciones de unos y otros marcadas por la presencia de los representantes de los trabajadores de la estiba en la tribuna de invitados del hemiciclo. El diputado del PSOE, César Ramos, ha acusado al ministro de hacer ofertas con trampa a los trabajadores y le ha echado en cara un esfuerzo negociador insuficiente.
«Si uno se sienta a la mesa una hora eso no es una negociación: hay que arremangarse y ponerse a trabajar para que haya un acuerdo», ha advertido. También ha reprochado al ministro que haya utilizado la posible nueva multa europea como herramienta de presión a la oposición. «Si se hubiera tomado un chupito cada vez que hubiera dicho multa no hubiera acabado la intervención», le ha recriminado.
Para rematar ha avanzado que los socialistas seguirán «dando fuerza» a los sindicatos de la estiba aunque a estos les ha advertido de que deben sentarse a negociar o, de lo contrario, estarán dando argumentos al Gobierno.
Pero la intervención más dura ha procedido de Podemos cuyo orador ha tachado el texto de «salvaje» y ha llegado a exigir al presidente del Gobierno una dimisión «al más alto nivel», apuntando directamente al ministro de Fomento, para depurar responsabilidades por la segunda multa que probablmente impondrá ahora la Comisión Europea a España.
Además, ha acusado a de la Serna de usar «tretas de taberna» contra los trabajadores y le ha advertido de que si persiste en la idea de resolver el conflicto con un nuevo «decretazo» será «un incendiario o un irresponsable».
Amable tampoco ha sido la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, y en otras ocasiones aliada fiel del Gobierno, que ha anticipado el «ridículo de un Gobierno que ha faltado a la verdad».
Coincidencias de la vida, en la sede de Fomento de la Serna tenía previsto entrevistarse con el presidente de la Comisión Europea una vez terminada la sesión. Pero no ha querido abandonar el Congreso sin dejar claro que el decreto derrotado cumple estrictamente con la sentencia europea y que, por lo tanto, el Gobierno no dará ningún otro paso legislativo a la espera de que las partes implicadas lleguen a un acuerdo y el texto pueda ser aprobado más adelante.
La próxima reunión entre patronal y trabajadores tendrá lugar el martes de la semana que viene. No obstante, el ministro no ha querido confiar en que pueda producirse un acuerdo tan rápidamente.
De la Serna sí ha querido lamentar la «falta de responsabilidad política de los grupos de la oposición» por querer dar una bofetada al Gobierno en la cara de los españoles». Así, ha insistido en que los ciudadanos «van a tener que pagar directamente de su bolsillo el mantenimiento del último monopolio», en alusión a la multa que impondrá Bruselas. Y ha defendido que el Gobierno ha actuado con responsablidad en la elaboración y tramitación de una norma que cuenta con el aval de la Comisión Europea y permitía evitar la sanción.
http://www.abc.es/
MRF
Jiménez · Hace 6 minutos
Los
puertos públicos pertenecen al Estado ( Fomento) en consecuencia los
estibadores están utilizando instalaciones públicas.Lo repetiré de
nuevo
año 1981 Ronald Reagan cogió el toro por
los cuernos..Representados por la Organización de Controladores
Profesionales de Tráfico Aéreo (PATCO), ese sindicato creado en 1968
había exigido un inmediato aumento de 10.000 dólares para cada uno de
sus afiliados, a partir de sueldos que hace tres décadas oscilaban entre
los 20.000 y los 49.000 dólares anuales. Además pedían mejores
pensiones y una reducción de jornada laboral hasta las 32 horas de
trabajo semanales. Todas esas demandas suponían 770 millones de dólares,
frente a una contraoferta de la FAA de tan sólo 40 millones de dólares.
Como
resultado de la huelga iniciada el 3 de agosto, miles de vuelos
tuvieron que ser cancelados. Aunque para frustración sindical, los
planes de contingencia funcionaron. El gobierno logró resucitar el
sistema de transporte aéreo con ayuda de 3.000 controladores con
categoría de supervisores, otros 2.000 opuestos a la huelga y 900
militares. Hasta el punto de conseguir rápidamente que un 80% del
transporte de pasajeros y casi todos los vuelos de carga pudieran operar
con normalidad.El 5 de agosto, el presidente cumplió con su advertencia
y cesó a los más de 11.000 controladores que habían ignorado sus
órdenes. Además, la Justicia federal aplicó millonarias sanciones contra
el sindicato de los controladores, presidido por Robert Poli, y también
se bloquearon los fondos previstos para prolongar la huelga.
Jiménez · Hace 6 minutos
Los
puertos públicos pertenecen al Estado ( Fomento) en consecuencia los
estibadores están utilizando instalaciones públicas.Lo repetiré de
nuevo
año 1981 Ronald Reagan cogió el toro por
los cuernos..Representados por la Organización de Controladores
Profesionales de Tráfico Aéreo (PATCO), ese sindicato creado en 1968
había exigido un inmediato aumento de 10.000 dólares para cada uno de
sus afiliados, a partir de sueldos que hace tres décadas oscilaban entre
los 20.000 y los 49.000 dólares anuales. Además pedían mejores
pensiones y una reducción de jornada laboral hasta las 32 horas de
trabajo semanales. Todas esas demandas suponían 770 millones de dólares,
frente a una contraoferta de la FAA de tan sólo 40 millones de dólares.
Como
resultado de la huelga iniciada el 3 de agosto, miles de vuelos
tuvieron que ser cancelados. Aunque para frustración sindical, los
planes de contingencia funcionaron. El gobierno logró resucitar el
sistema de transporte aéreo con ayuda de 3.000 controladores con
categoría de supervisores, otros 2.000 opuestos a la huelga y 900
militares. Hasta el punto de conseguir rápidamente que un 80% del
transporte de pasajeros y casi todos los vuelos de carga pudieran operar
con normalidad.El 5 de agosto, el presidente cumplió con su advertencia
y cesó a los más de 11.000 controladores que habían ignorado sus
órdenes. Además, la Justicia federal aplicó millonarias sanciones contra
el sindicato de los controladores, presidido por Robert Poli, y también
se bloquearon los fondos previstos para prolongar la huelga.
Los puertos
públicos pertenecen al Estado ( Fomento) en consecuencia los estibadores
están utilizando instalaciones públicas.Lo repetiré de nuevo
año
1981 Ronald Reagan cogió el toro por los cuernos..Representados por la
Organización de Controladores Profesionales de Tráfico Aéreo (PATCO),
ese sindicato creado en 1968 había exigido un inmediato aumento de
10.000 dólares para cada uno de sus afiliados, a partir de sueldos que
hace tres décadas oscilaban entre los 20.000 y los 49.000 dólares
anuales. Además pedían mejores pensiones y una reducción de jornada
laboral hasta las 32 horas de trabajo semanales. Todas esas demandas
suponían 770 millones de dólares, frente a una contraoferta de la FAA de
tan sólo 40 millones de dólares.
Como resultado
de la huelga iniciada el 3 de agosto, miles de vuelos tuvieron que ser
cancelados. Aunque para frustración sindical, los planes de contingencia
funcionaron. El gobierno logró resucitar el sistema de transporte aéreo
con ayuda de 3.000 controladores con categoría de supervisores, otros
2.000 opuestos a la huelga y 900 militares. Hasta el punto de conseguir
rápidamente que un 80% del transporte de pasajeros y casi todos los
vuelos de carga pudieran operar con normalidad.El 5 de agosto, el
presidente cumplió con su advertencia y cesó a los más de 11.000
controladores que habían ignorado sus órdenes. Además, la Justicia
federal aplicó millonarias sanciones contra el sindicato de los
controladores, presidido por Robert Poli, y también se bloquearon los
fondos previstos para prolongar la huelga.
Los puertos
públicos pertenecen al Estado ( Fomento) en consecuencia los estibadores
están utilizando instalaciones públicas.Lo repetiré de nuevo
año
1981 Ronald Reagan cogió el toro por los cuernos..Representados por la
Organización de Controladores Profesionales de Tráfico Aéreo (PATCO),
ese sindicato creado en 1968 había exigido un inmediato aumento de
10.000 dólares para cada uno de sus afiliados, a partir de sueldos que
hace tres décadas oscilaban entre los 20.000 y los 49.000 dólares
anuales. Además pedían mejores pensiones y una reducción de jornada
laboral hasta las 32 horas de trabajo semanales. Todas esas demandas
suponían 770 millones de dólares, frente a una contraoferta de la FAA de
tan sólo 40 millones de dólares.
Como resultado
de la huelga iniciada el 3 de agosto, miles de vuelos tuvieron que ser
cancelados. Aunque para frustración sindical, los planes de contingencia
funcionaron. El gobierno logró resucitar el sistema de transporte aéreo
con ayuda de 3.000 controladores con categoría de supervisores, otros
2.000 opuestos a la huelga y 900 militares. Hasta el punto de conseguir
rápidamente que un 80% del transporte de pasajeros y casi todos los
vuelos de carga pudieran operar con normalidad.El 5 de agosto, el
presidente cumplió con su advertencia y cesó a los más de 11.000
controladores que habían ignorado sus órdenes. Además, la Justicia
federal aplicó millonarias sanciones contra el sindicato de los
controladores, presidido por Robert Poli, y también se bloquearon los
fondos previstos para prolongar la huelga.
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