La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia ha ordenado hoy la liquidación de la distribuidora y comercializadora Electricaribe, cuyo 85% está en manos del grupo español Gas Natural Fenosa, que fue intervenida por el Gobierno colombiano el pasado 15 de noviembre.
«Se ordena la liquidación de Electricaribe», ha manifestado en una rueda de prensa el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, quien ha añadido que comenzarán de inmediato a buscar «un operador que asuma la prestación del servicio» en la costa atlántica, zona donde opera la compañía, informa Efe.
La empresa, que fue intervenida de manera preventiva hace cuatro meses debido a problemas técnicos y financieros, «no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren», ha dicho Mendoza.
«Hemos dado un paso definitivo para remediar los problemas estructurales que han deteriorado el servicio de energía en la costa», ha agregado el funcionario.
Electricaribe sufre un problema crónico de morosidad y de fraude. Acumula más de 1.300 millones de euros en facturas impagadas, además de una cifra incalculable por el valor de la energía defraudada con conexiones ilegales y manipulación de contadores.
Electricaribe atiende a 2,5 millones de clientes de los departamentos caribeños de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Mendoza ha explicado que, mientras duran los trámites de la liquidación, «Electricaribe continuará prestando el servicio de energía en el mercado de la costa bajo la administración temporal del agente especial designado por la Superintendencia».
Gas Natural ha sido partidaria de una solución dialogada, pero también ha reclamado resolver los problemas de fraude e impago que sufre la compañía, que dificultan las inversiones necesarias. Además, ha denunciado la «desidia» del Gobierno de Santos y critican la «clamorosa inseguridad jurídica que existe en el país».
En noviembre pasado, Electricaribe y el Gobierno no consiguieron a un acuerdo sobre fórmulas para capitalizar la empresa. No obstante, la multinacional española también considera la opción de solicitar un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por las desavenencias con el Gobierno colombiano respecto al caso.
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MRF
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