La Fiscalía pide tres años de cárcel por la agresión y 9.300 euros para el lesionado.
Lo contaba ayer La Voz de Galicia. Un vecino de Ponferrada, se desplazó expresamente en su coche para darle una paliza a un residente en Orense, con el que previamente había mantenido una discusión y se habían intercambiado insultos y amenazas a través de las redes sociales, por Internet. El juicio estaba previsto que se celebrase el pasado miércoles, pero finalmente quedó aplazado por incomparecencia de una de las partes.
El caso se remonta a la media tarde del 14 de noviembre de 2015. La Fiscalía de Orense argumenta en su escrito de acusación que Armando J. M. R., de 25 años de edad, se desplazó expresamente desde la capital berciana y golpeó con una barra u objeto similar a un vecino de Orense.
La Fiscalía solicita para el presunto agresor tres años de cárcel y una indemnización de 9.380 euros por las lesiones que recibió el gallego, quien tuvo que permanecer dos días hospitalizado, además de cinco jornadas de baja «impeditiva», más otros 157 días «no impeditivos».
El peor parado de esta pelea también tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. De hecho, en el parte de lesiones se refleja que le tuvieron que retirar una pieza dentaria y una miniplaca mandibular. El tratamiento médico habla de «hospitalización con reducción y osteosíntesis de fracturas».
El fiscal tipifica en su escrito de acusación pública un delito de lesiones. Eso sí, no entra a valorar lo que motivó las lesiones que acabaron con el orensano ingresado en el hospital por una paliza. Todo lo que rodeó el intercambio de insultos y amenazas a través de las redes sociales no figura como parte de la tipificación de delito.
Además de los tres años de cárcel y la indemnización por lesiones, para el vecino de Ponferrada también se le solicita desde la Fiscalía que corra con los gastos hospitalarios a cuenta del Sergas, en Galicia algo así como el Sacyl en Castilla y León. Eso sí, en la causa judicial, al menos el fiscal carece del dato sobre el coste del ingreso sanitario y la intervención quirúrgica, pero pide que corra a cargo del berciano. Además, a todo el coste de gastoss, se pretende aplicar intereses desde el 2015.
Tebaida
El auto insta al juzgado instructor a tomar declaración al hermano del ganadero de Bouzas.
El caso judicial del incendio de la Tebaida Berciana, en el que ardieron 1.300 hectáreas en la zona de Montes de Valdueza, llegando incluso cerca de Peñalba de Santiago, s reabre de nuevo. Ayer, el colectivo ecologista Bierzo Aire Limpio daba a conocer que la Audiencia Provincial de León estimó el recurso presentado por ellos y también la Asociación Forestal de León (Asfole). De esta forma, el tribunal provincial insta al Juzgado de Instrucción número 8 de Ponferrada para que reabra la investigación sobre este incendio registrado en abril del año pasado en montes del término municipal de Ponferrada.
Otro dato relevante del asunto es que la Audiencia también insta al juzgado instructor para que tome declaración en calidad de investigado al hermano del ganadero de Bouzas, que como se recordará fue identificado como principal sospechoso de causar este suceso.
«La investigación judicial sobre el incendio de la Tebaida sigue adelante y esto demuestra que nuestras denuncias no son inútiles: sirven para acabar de una vez por todas con la impunidad de los incendiarios. La investigación continúa adelante a pesar de la resistencia del fiscal de Ponferrada, que en vez de colaborar al esclarecimiento de los hechos, más bien ha dificultado la instrucción pidiendo el archivo», expresaba ayer la asociación ecologista Bierzo Aire Limpio en una nota al conocer el auto de la Audiencia Provincial de León por el que tres magistrados provinciales estiman el recurso y deciden que se continúe con la investigación.
«Se acuerda —dice la Audiencia Provincial en su Auto 845/18— la continuación de las diligencias de instrucción para el esclarecimiento de los hechos y, entre ellas, resulta oportuno tomar declaración en calidad de investigado del hermano del ganadero de Bouzas, puesto que los incendios se han provocado cuando él se encontraba de visita en el pueblo, así como la ampliación de la Brigada Científica a este particular, con el testimonio de los vecinos de la zona en que se produjeron los incendios de los días 17 y 18 de abril de 2017, así como aquellas que el Instructor considere oportuna para el esclarecimiento de los hechos».
A juicio de la Audiencia, ,tras la declaración de los agentes medioambientales, «resulta que el principal beneficiado de tales incendios son las personas que tienen intereses ganaderos en la zona, lo que se puso también de manifiesto por la Asociación Tyto Alba (conservacionistas), que, sin concretar persona en particular, se refirió a la familia de ganaderos de la zona como principales beneficiarios de los incendios».
Añaden que, pese a que también la presidenta de la Junta Vecina de Bouzas, señalaba que «sospechosos hay muchos», lo cierto es que —dice la Audiencia— «de su declaración se concluye que los incendios son todos los años, en la misma zona y que las personas que resultan beneficiadas económicamente son las familias con intereses ganaderos. Ciertamente, puesto que el incendio se inició al pie de la carretera, también pudo provocarse por otras personas, como los senderistas, pero el carácter repetitivo de los mismos y la localización, conduce a sospechar que se trata de una misma persona la que reiteradamente, de manera intencionada provoca los incendios». Y añaden: «sentando lo anterior, y siendo cierto que el incendio pudo provocarse por un turista o por razones cinegéticas, lo cierto es que el aprovechamiento de pastos es la principal razón que los agentes medioambientales consideran como causa del fuego».
Finalmente, respetando el derecho a no declarar del investigado, lo cierto —resalta la magistratura provincial— «es que su negativa a contestar y dar razón de donde se encontraba cuando se produjeron los incendios y demás cuestiones, contribuyen a considerar la existencia de indicios racionales para continuar la fase de diligencias previas, no considerando determinante en este momento procesal que no se haya podido situar el posicionamiento del investigado en el lugar donde se inició el fuego a raíz del estudio de su teléfono móvil, fundamentalmente, como se deriva de las investigaciones realizadas en la fase de instrucción, puesto que existen mecanismos caseros para retardar el inicio del fuego ( como por ejemplo con abono de vaca), de manera que no es determinante para determinar la autoría la exacta localización del autor».
Vigilancia
La Policía Municipal de Ponferrada ha puesto en marcha el plan especial de vigilancia de las fincas de frutales para evitar robos durante el día o la noche. Es en las localidades del municipio donde se concentra la mayor parte de las explotaciones de frutales y hortalizas.
El objetivo es prevenir en la medida de lo posible los hurtos y robos. Una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Central Hortofrutícola del Bierzo de Dehesas y los propios productores.
Cacabelos
El PP de Cacabelos exige la dimisión del alcalde, al que la Fiscalía pide 13 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.
La sección tercera de la Audiencia Provincial de León juzgará el próximo 29 de octubre al alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez, por un presunto delito de prevaricación administrativa por el que la Fiscalía le pide una pena de 13 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, según informaron fuentes del PP en el municipio. Los hechos que se juzgan son la ilegalidad cometida al impedir la reincorporación del interventor titular del Ayuntamiento a su puesto de trabajo en los últimos dos años y medio, hechos por los que los ‘populares’ exigen la «inmediata dimisión» de Álvarez, informa Ical.
Según las mismas fuentes, la decisión de no incorporar al interventor desobedece las medidas tomadas por el director de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta, de quien destacaron que es «el único órgano competente para adoptar estas medidas contra el funcionario». En ese sentido, aseguraron que esa «ilegalidad» se ha cometido con la «complicidad» de los tres partidos que dan apoyo al Gobierno municipal —PSOE, IU y Alternativa Ciudadana por Cacabelos (ACC). En la misma línea, lamentaron que las diversas advertencias lanzadas por los ‘populares’ se encontraran como respuesta la «permanente negación» del alcalde, al que reclaman que «se aplique para si mismo las exigencias» que puso sobre la mesa tras la apertura del juicio oral contra el anterior portavoz del PP en el municipio, Adolfo Canedo, hoy absuelto, pero que formalizó su baja como militante el mismo día en que se le notificó esa circunstancia procesal.
Igualmente, el PP exigió al secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, que «aplique para los suyos las premisas de su código ético que tan a la ligera enarbola frente a los contrarios». También exigieron a la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y delegada del Gobierno en la Comunidad, Virgina Barcones, que «tome medidas disciplinarias ante el inminente juicio contra el alcalde del tercer municipio del Bierzo».
Tras conocerse la noticia, el regidor aseguró ayer que no dejará su puesto y recordó que el interventor fue apartado de su lugar de trabajo después de protagonizar una agresión contra Álvarez. «No voy a dimitir de ningún puesto porque un funcionario me pegara», afirmó el alcalde, que pidió al PP que deje de «mentir e intoxicar».
Álvarez recordó que el trabajador, que fue ingresado en la unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo, se saltó dos citas para el reconocimiento médico y recibió un informe de la mutua que lo declaraba no apto para reincorporarse a su puesto de trabajo en la fecha señalada.
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