La rectificación se gestó en la reunión informal de ministros en Quintos de Mora
Del abandono más absoluto ante las instancias judiciales europeas a la defensa «hasta las últimas consecuencias» del juez Llarena. Así fue el viraje del Gobierno ante la demanda civil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont interpuso en Bélgica contra el magistrado del Tribunal Supremo por decir que en el 1-O ningún procesado está perseguido por sus ideas, sino por la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal.
En apenas cuatro días, el Ejecutivo de Pedro Sánchez obligaba a la titular de Justicia, Dolores Delgado, a rectificar su postura inicial y a asumir la defensa del juez ante Bélgica sin establecer ningún tipo de línea divisoria entre el ámbito privado del juez y el ataque a la soberanía jurisdiccional española.
Según ha podido saber ABC, tras una reunión que la Abogacía del Estado y altos cargos de Justicia mantuvieron en el Ministerio el pasado jueves por la mañana para analizar el amparo al magistrado por parte del Consejo General del Poder Judicial, se aconsejó a Delgado la personación del Ejecutivo en la causa abierta contra Llarena en Bélgica al considerar que se cuestionaba la independencia judicial española. Desoyendo este consejo, Delgado optó por establecer esa línea divisoria entre el ataque a la soberanía jurisdiccional española y las responsabilidades que los independentistas exigían al juez a título particular. Y fruto de esa decisión fue la nota de prensa emitida el jueves por la noche, una iniciativa que varios miembros del Ejecutivo no compartían pero que aún así fue apoyada por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Eso sí, sin una referencia explícita a ese «ámbito privado» de las declaraciones de Llarena.
Fue la reunión informal de ministros el sábado en la finca toledana de Quintos de Mora la que supuso un punto de inflexión en la postura del Gobierno. Ministros de peso y larga trayectoria política, incómodos con los matices en la defensa del Estado español, hicieron ver a Sánchez que, tras el apoyo incondicional que horas antes todas las asociaciones de jueces y fiscales habían brindado al magistrado -a excepción de Jueces para la Democracia-, el Ejecutivo se quedaba solo. La imagen de esos colectivos y del propio CGPJ enfrentado con el Gobierno y costeando la defensa en el extranjero de un representante del Estado de Derecho español era inasumible.
No era la primera vez que a Sánchez le llegaba esta advertencia -la Abogacía del Estado ya aconsejó esta personación en su informe del 31 de julio-, pero ese comunicado de jueces y fiscales (incluso de la asociación de la que hasta hace dos meses formaba parte la ministra Delgado, la Unión Progresista de Fiscales) fue decisivo para el cambio de rumbo de Gobierno, una rectificación que Pedro Sánchez quiso asumir como propia. Por eso el comunicado de defensa al magistrado partió de La Moncloa y no desde el Ministerio de Justicia, de donde había salido el del jueves por la noche aquel que supeditaba la personación en la causa a que el juez belga cuestionara datos o hechos relacionados con la causa del 1-O.
La gira que Pedro Sánchez comenzó ayer lunes por Latinoamérica precipitaba la respuesta del Gobierno y obligaba a difundir la nota un domingo por la tarde. Justicia ya ha iniciado los trámites para contratar los servicios de un despacho de abogados belga que se haga cargo de la defensa de España y de Llarena, señalaba. Sánchez zanjaba así el asunto antes de emprender su viaje oficial. No quería que prosiguiera la polémica estando él fuera. Así se lo comunicó a la ministra Delgado, que asumió la rectificación, aunque públicamente no sólo no ha entonado el mea culpa, sino que defiende que en el Ministerio no ha habido ningún cambio de criterio.
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