La familia envió a finales de julio una carta a La Moncloa para trasladar al presidente su negativa expresa a la exhumación
«Todo este asunto está tan manido… Desde junio vienen diciendo que viene el lobo, que viene el lobo... Cuando, venga, ya veremos». Francisco Franco, nieto mayor, conoció ayer por la llamada de ABC los últimos planes del Gobierno de aprobar un decreto ley exprés para sacar a su abuelo del Valle de los Caídos. No es que le sorprendiera, pero en breve conversación con este diario anticipó que la familia plantará batalla legal para evitar el traslado forzado que persigue el Ejecutivo del PSOE. Los Franco enviaron a finales de julio una carta a La Moncloa para trasladar al presidente su negativa expresa a la exhumación de su abuelo, muerto hace 42 años y enterrado en el mausoleo de la sierra madrileña. El descendiente de Franco considera que es «absurdo» ordenar la salida de su abuelo por un decreto ley, que tendrá que validar el Congreso, ya que en su opinión esta fórmula está prevista para temas urgentes y no para «tomarse la revancha 42 años después».
«Las cosas se hicieron en su momento y ahora, cuando ya la gente que hizo la guerra y conoció lo que es eso se ha muerto, es oportunista y propagandístico el querer tomarse una revancha 42 años después, cuando no va a haber nadie que se oponga, obviamente, porque a nadie le importa esto, más que, parece ser, al Gobierno», señaló ayer en declaraciones a Europa Press.
En su opinión, resulta «ridículo» invertir «tiempo y dinero» en ello considerando que «hay cosas más importantes que hacer». «No podemos estar pendientes de lo que diga o haga el Gobierno cada vez. Cuando sea, nos enfrentaremos a ello y tomaremos la decisión que corresponda», corroboró recordando que la familia tendrá derecho a presentar alegaciones contra la exhumación cuando el decreto se apruebe. Previsiblemente, una vez que entre en vigor el decreto se abrirá un plazo de elegaciones para las partes implicadas en este asunto.
En cuanto a la relación de la familia con el Gobierno, Franco afirma que «no hay nada que hablar»: «En su momento se pusieron en contacto para ver si estábamos dispuestos pero nosotros hemos dicho que no, porque, obviamente, no vamos a permitir que se haga política con una cosa que no le importa a nadie o le importa a muy poca gente». En cambio, el PSOE de la Comunidad Valenciana saludó ayer el decreto como un «gran avance social» y resaltó el compromiso de Sánchez con la «memoria democrática» y las víctimas del franquismo..
El ((Gobierno)) aprobará el viernes un cambio en la ley de memoria histórica para forzar su salida pese al rechazo expreso de los descendientes
Pedro Sánchez se aferra a los restos de Francisco Franco, que pretende desenterrar del Valle de los Caídos, como la gran gesta de su mandato. Sin fuerzas para impulsar reformas legislativas de calado en un Parlamento donde el PSOE cuenta con 84 diputados, el presidente del Gobierno ha situado la exhumación de Franco como prioridad absoluta de su política y, tras el parón veraniego, el Consejo de Ministros aprobará este viernes un decreto ley para su traslado en otoño.
El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, confirmó ayer que entrará en vigor un decreto ley que modificará de manera exprés la ley de memoria histórica del gobierno de Rodríguez Zapatero. Este deberá ser convalidado en septiembre por el Congreso de los Diputados. El objetivo, según reconoció el ministro, es «evitar demandas judiciales» de la familia, que se opone frontalmente al traslado de los restos, y evitar nuevos «retrasos» en sus planes anunciados para julio por el propio Sánchez.
El Ejecutivo socialista lleva dos meses barajando la fórmula que le permita entrar en el Valle de los Caídos para sacar a Franco y reconvertir el lugar en un centro de la memoria y la concordia. El problema para Sánchez es que los descendientes han manifestado públicamente su rechazo a dar traslado de los restos de su abuelo. Francisco Franco, nieto, confirmó ayer a ABC que plantarán batalla legal.
Moncloa cree haber hallado la fórmula para salvar las quejas de la familia y evitar que un juez paralice la exhumación en el Valle de los Caídos. Y da por hecho que la Iglesia, que custodia la basílica donde están enterrados Franco y José Antonio Primo de Rivera, facilitará su objetivo.
Fuentes del Arzobispado de Madrid, que encabeza el cardenal arzobispo, Carlos Osoro, aseguraron ayer a ABC que siguen de cerca los «acontecimientos», pero insisten en que la decisión es del Gobierno y de la familia. Es decir, que debe existir un acuerdo entre las partes. O lo que es lo mismo, que sin el permiso de los Franco, no será posible la exhumación porque en este caso y en cualquier otro son los descendientes los que tienen el derecho y la potestad de decidir sobre los restos mortales de su familiar.
En caso de conflicto, desde el entorno de Osoro anticipan que la Archidiócesis no autorizaría la entrada de las máquinas a la basílica, administrada por la comunidad de los benedictinos y sobre la que rige el Convenio con la Santa Sede, renovado por el Gobierno español en 1979. Según estos acuerdos, el Estado carece de competenciassobre cementerios, exhumaciones y traslado de restos en lugares eclesiásticos.
La propia ley de memoria histórica en su artículo 16 recoge que el Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. Este es precisamente el punto que quire retocar el Gobierno. El equipo de Zapatero renunció en su día a la exhumación consciente de que para ello debía renegociar los acuerdos con el Vaticano, lo que demoraría en varios años los planes de Sánchez.
El actual Ejecutivo considera sin embargo que tiene el camino expedito y que solo necesita el aval del Congreso para cumplir su objetivo de sacar a Franco del mausoleo. Los socialistas cuentan con reeditar la mayoría de votos que aprobó una moción suya en mayo de 2017 para el traslado de los huesos y que tuvo 198 votos a favor. El PP se abstuvo y Pablo Casado ha señalado que no se opondrán aunque advierte al PSOE de que «reabrir viejas heridas no conduce a nada».
Ciudadanos apoyó la propuesta aunque reclama a Sánchez un «proyecto serio» para hacer un monumento a la concordia. Albert Rivera llegó a plantear que se levante un cementerio nacional como el de Arlington (Estados Unidos) que acoja a los dos bandos de la guerra civil. ERC condicionó su voto a que el Gobierno anule las sentencias del franquismo, y en concreto, la condena a muerte sobre el expresidente catalán Lluís Companys, fusilado.
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