El nuevo
órdago de Puigdemont con su Ley del Referéndum ha abierto el debate
entre los populares y los juristas. ¿Actuar ya o esperar a que la hoja
de ruta esté aprobada?
La
Generalitat ha entrado en tal dinámica en su ofensiva final por el
referéndum independentista, que este martes presentó ante la sociedad civil y en el Teatro Nacional de Cataluña su Ley del Referéndum bajo el lema Acto de Garantías por la Democracia.
Pero si algo hay en esa hoja de ruta de Carles Puigdemont son
pocas garantías para un proceso que pretende declarar la independencia
de Cataluña apenas 48 horas después de la consulta, con el único
requisito de que el sí venza al no. Aunque sea con mayoría simple y sin importar el nivel de participación.
De esta forma, la normativa ad hoc presentada por Junts Pel Sí y la CUP
tras consultar a "multitud de expertos" declara al Parlament soberano y
le habilita para impulsar el referéndum de independencia del 1 de
octubre con resultados vinculantes.
Y el debate ha irrumpido ya en el Gobierno, la Fiscalía y los Servicios Jurídicos del Estado. Así, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tachó de "profundamente antidemocrática" la iniciativa presentada por JxSí y la CUP
por lo que nunca, enfatizó, entrará en vigor. "Este proyecto de ley
nunca formará parte de nuestro ordenamiento jurídico porque es
manifiestamente antidemocrático, y es contrario a la Constitución, al
Estatut y a la democracia", recalcó.
Por su parte, la Fiscalía General anunció
que no actuará de momento contra el proyecto de ley, al tratarse de un
texto que aún puede verse modificado durante la tramitación que seguirá
en el Parlamento de Cataluña.
Fuentes del Ministerio Público explicaron que este departamento no suele actuar ante el Tribunal Constitucional
ni tampoco en el ámbito penal mientras las actuaciones relativas a este
asunto no sean actos con efectos jurídicos. En este caso, la rueda de
prensa en la que se presentó la Ley no pasa de ser una mera declaración
política, según estas mismas fuentes.
Pero algunas voces en el PP instan ya al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
a actuar, en la línea con lo que señaló este martes el catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela Roberto Blanco: el anuncio de la comisión de un delito también es delito.
Lo que está claro es que el contenido de
la norma anunciada supone una desobediencia clara y expresa a las
órdenes del Tribunal Constitucional, que ha prohibido cualquier acto
preparatorio del referéndum de independencia.
No obstante desde La Moncloa insisten en
que tienen muy claros los pasos que hay que dar y cuándo hay que darlos,
como contó la semana pasada el propio Rajoy a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP, pidiéndoles que confiaran en él.
En el acto de presentación de este proyecto de ley, en el que participaron los parlamentarios Lluis Llach, Jordi Turull y Marta Rovira, el
Gobierno catalán explicó la hoja de ruta tras el 1-0. Si ese día hay
más votos afirmativos que negativos, eso implicará la independencia de
Cataluña.
En este
caso, el Parlament se compromete a proclamar la secesión, garantizar la
transitoriedad jurídica hasta tener una nueva constitución e iniciar el
proceso constituyente. Si, por el contrario, hay más noes que síes, el siguiente paso será la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas.
Además, según adelantó el Govern, el
proyecto de la ley dice que los ayuntamientos cederán los locales. Los
trabajadores que participen sean funcionarios o no lo sean lo harán de
manera voluntaria. Y todos estarán protegidos por la ley. Su ley.
http://www.esdiario.com/
MRF
No hay comentarios:
Publicar un comentario