Se trata de Garikoitz Aspiazu Rubina, «Txeroki»; Mikel Carrera Sarobe, «Ata»; Ángel Iriondo Yarza, «Gurbitz»; y José Antonio Urruticoetxea, «Josu Ternera»
La juez Carmen Lamela propone juzgar a cuatro históricos dirigentes de ETA, entre ellos el huido Josu Ternera, por un delito de lesa humanidad en relación con los atentados cometidos desde el 1 de octubre de 2004, cuando entró en vigor en España esa figura jurídica, hasta la actualidad.
Se trata de Garikoitz Aspiazu Rubina, «Txeroki»; Mikel Carrera Sarobe, «Ata»; Ángel Iriondo Yarza, «Gurbitz»; y José Antonio Urruticoetxea, «Josu Ternera», todos ellos procesados en octubre de 2015 por delitos de lesa humanidad y que, por primera vez, podrían ser juzgados por este delito.
Ahora, la magistrada de la Audiencia Nacional ha declarado en un auto la conclusión del sumario que se seguía contra los tres primeros dirigentes y lo ha remitido a la Sala de lo Penal para que se pronuncie al respecto.
En el caso de Josu Ternera, no se le ha podido comunicar formalmente el procesamiento en declaración indagatoria al encontrarse huido, por lo que su caso continúa en espera hasta que sea encontrado y la Sala no decidirá hasta entonces, según han informado fuentes de la Audiencia Nacional.
El ministro ha rehusado explicar cuál es ese problema, aunque asegura que «todos lo saben» y que el juez tiene «algunos expedientes ya abiertos»
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este lunes que el Consejo General del Poder Judicial debería haber ejercido su «potestad disciplinaria» contra Ricardo González, el magistrado que emitió en la sentencia de «La Manada» un voto particular a favor de la absolución de los acusados.
Al ser entrevistado en el programa «Herrera en Cope», el ministro ha señalado que él no ha hablado de imponer ninguna sanción al magistrado, pero sí ha expuesto lo siguiente: «Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe».
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Las declaraciones íntegras de Cata
«En España tenemos 5.500 jueces magníficos y muy profesionales. Pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas con dificultades. Si en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra conocían esta situación, debería haberse actuado preventivamente». Para Catalá, el voto particular y las expresiones empleadas durante los más de doscientos folios del magistrado son los detalles que han inflamado a la sociedad, más que la sentencia en sí.
Además, el ministro niega que se esté legislando en caliente después: «Yo soy partidario de que las leyes se adapten a la realidad social. Si hay un desajuste, hay que legislar para cambiarlo», ha asegurado, para después indicar que, en este caso, «los expertos en Derecho Penal van a tomarse su tiempo y los partidos decidiremos sobre sus conclusiones».
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