Los socialistas afirman que no apoyarán una ruptura total con la administración central
El pacto que ha firmado con el PNV ha obligado al PSE a reconsiderar su papel en torno a la deriva independentista impulsada por Íñigo Urkullu. Por esta razón, el partido de Idioa Mendia trabajará para que la Comunidad Autónoma adquiera un nuevo estatus, pero a su vez intentará minimizar el impacto del proceso.
Los socialistas vascos han reafirmado su intención de mantener las relaciones con el resto del Estado. Fuentes del partido aseguran que la formación no «criminaliza» el concepto de 'nación', «que en los últimos tiempos está sufriendo una profunda modernización y reformulación de su significado original». A su vez, tampoco lo consideran un «tabú».
Sin embargo, afirman que estarían dispuestos a «estudiar» la incorporación del término en el futuro texto estatutario «si queda claro que no se fundamenta en una supuesta soberanía diferenciada».
«La reivindicación como nación de una comunidad que se autodefine como tal por razones culturales, históricas o lingüísticas no presupone el derecho político a constituirse en Estado», aclaran.
En lo referente a si sus intenciones son las de realizar una reforma del Estatuto de Guernica o propulsar un nuevo reglamento, el PSE ha destacado que el planteamiento en uno u otro caso «es el mismo». El objetivo es, a fin de cuentas, modificarlo «como han tenido la oportunidad de hacerlo el resto de Autonomías. El del País Vasco quedó a expensas de alcanzar determinados consensos, y es necesario cambiar el Estatuto para recoger derechos sociales y reformar las competencias».
Las declaraciones del PSE chocan con la hoja de ruta rupturista del PNV, que en el texto de 70 páginas en el que ha especificado los pormenores del acuerdo de Gobierno ha incluido un apartado específico para el desarrollo del autogobierno, si bien lo expone de una forma ambígua y «abierta» a diferentes interpretaciones.
Por el momento, socialistas y jeltzales trabajarán juntos para profundizar en la autonomía vasca, lo que incluye la exigencia a la administración central de distintas competencias, como la penitenciaria.
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MRF
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