María Núñez abre una pieza para investigar las ayudas a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista y hermano del expresidente andaluz, Rodríguez de la Borbolla.
La juez María Núñez Bolaños,
que investiga el caso de los EREs fraudulentos, ha acordado abrir una
pieza separada para investigar las ayudas a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
En una providencia, a la que ha
tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla
atiende así la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y
acuerda la incoación de una pieza separada para investigar las ayudas al
"grupo de empresas vinculadas" a Ángel Rodríguez de la Borbolla.
Las nuevas diligencias previas
acordadas por la magistrada abarcarán las ayudas recibidas por cinco
empresas ligadas al sector del corcho, como son Corchos y Tapones de
Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de
Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera.
En un escrito fechado el 26 de
octubre, la Fiscalía reclamó a la instructora que dictara un nuevo auto
"por el que se acuerde la incoación de pieza separada que englobe el
total de las ayudas recibidas por el grupo de empresas ligadas" a Ángel Rodríguez de la Borbolla,
"cuyo entramado empresarial" ya ha sido objeto de análisis por la
Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Junta de Andalucía.
La Fiscalía recuerda que, sobre estos hechos, ya han prestado declaración como investigados el propio Ángel Rodríguez de la Borbolla, que fue imputado por la juez Mercedes Alaya mediante auto de 5 de marzo de 2012, el alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Sotero M. Martín Barrero (PSOE), y el extrabajador de algunas de estas empresas Rogelio Becerra Martín.
Al hilo de ello, el Ministerio Público dice que "está pendiente la localización del empresario portugués Fernando Pedro Moreira Oliveira".
La imputación
La medida de la juez sorprende
porque hasta ahora había desestimado parte de la instrucción y
actuaciones de su antecesora. En marzo de 2012, la juez Mercedes Alaya, entonces titular del Juzgado, imputó a Ángel Rodríguez de la Borbolla
al considerar que, mediante un "entramado" de empresas, "habría
obtenido con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud"
9.009.108 euros en ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la
Junta.
La juez consideraba que,
"mediante un sistema de entramado de empresas dedicadas a la manufactura
del corcho y ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla, habría obtenido,
con total ausencia de procedimiento, sin mediar solicitud y sin
acreditar los fines para las que fueron concedidas, ayudas otorgadas por
la Consejería de Empleo y que oscilarían alrededor de los 9.009.108
euros con cargos a los fondos públicos y a través de la agencia IDEA".
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MRF
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