Sánchez tiene la obligación de exponer públicamente cuáles son los precios que ha aceptado pagar a quienes lo llevaron a La Moncloa. Es una obligación moral y un deber ético del presidente del Gobierno
La cadena de torpezas que está cometiendo el Gobierno en la renovación de la presidencia de RTVE ha dejado al descubierto el pacto de asociación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El líder de Podemos parece el confesor del presidente del Gobierno, confesor indiscreto, eso sí, porque tanto desvela que el Ejecutivo va a acercar a los presos separatistas a Cataluña como que han pactado el nombre del periodista Andrés Gil para presidir el ente público RTVE. Esta última designación no solo es rechazada por buena parte de los socios de la moción de cesnura (lo que dificulta su confirmación), sino que ha sido recibida con protestas de los trabajadores de la televisión pública. Y no es para menos que se sientan engañados, porque el mercadeo que se traen entre manos Sánchez e Iglesias con este organismo es cualquier cosa menos una apuesta por su despolitización. Las protestas de los empleados contra el PP fueron bien aprovechadas por la izquierda y ahora esta las devuelve con un asalto partidista. Sin embargo, tampoco hay mayor motivo para la sorpresa, porque si el programa real de Sánchez es mucha agitación izquierdista y poca actividad parlamentaria, Podemos y PSOE necesitarán una plataforma de propaganda sometida a su control.
El retrato intervencionista que la izquierda está haciendo de sí misma en este asunto es un amenaza para la libertad de información y expresión en RTVE. El hecho de haber utilizado un mecanismo excepcional y restrictivo como el real decreto ley para alterar el procedimiento parlamentario previsto para el nombramiento del presidente del ente público, es una manifestación del tipo de gobierno que tiene España. Y la locuacidad de Iglesias como portavoz personal del presidente Sánchez, deja a este en una posición de bajo perfil ante uno de los grandes debates que tiene planteados la sociedad, cual es la independencia de la televisión pública. Ahora suenan un tanto hipócritas las críticas de la izquierda al PP a cuenta de la falta de imparcialidad de RTVE, pero el contraste permite señalar el carácter vacío de los compromisos de Sánchez con la despolitización de este ente. Por eso, la gestión política de la renovación de RTVE está oscilando entre el ridículo y el escándalo.
Sánchez tiene la obligación de exponer públicamente cuáles son los precios que ha aceptado pagar a quienes lo llevaron a La Moncloa. Es una obligación moral y un deber ético del presidente del Gobierno. El Estado no es una herencia el líder socialista ha recibido para repartir en legados entre sus socios de oportunidad y moción de censura. Diálogo con separatistas, acercamiento de presos etarras, televisión pública a Podemos... ¿Qué más le queda al Gobierno para poner a la venta?
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