La reprobación ni siquiera existe como figura política, ni obliga al presidente del Ejecutivo a prescindir del castigado. Fue un invento parlamentario del PSOE para fustigar a la UCD de Calvo Sotelo con la reprobación de cuatro de sus ministros por el asunto de la Colza, que luego el PP explotó contra los socialistas tratando de reprobar a Ledesma, Solbes, Montilla, Alonso, Trujillo, Alvarez, Salgado, Chacón, Moratinos y Borrell. Con gobiernos del PP pasó lo mismo con Cascos, Arias Cañete, Arias Salgado, Piqué y Cabanillas. El PSOE quiso incluso reprobar en su día al ministro de Interior Mariano Rajoy por su «desastrosa» (sic) política de seguridad ciudadana.
Todo aquello quedó en nada porque el Gobierno de turno contaba con mayoría parlamentaria. Magdalena Alvarez, la primera reprobada, lo fue en el Senado, donde el PP disponía de mayoría absoluta. El otro antecedente para lo de hoy es el de Jorge Fernandez Díaz, reprobado en comisión parlamentaria, no en el Pleno, cuando ya ejercía de ministro de Interior en funciones. Así que los esfuerzos de las últimas horas para dibujar a Catalá como el mas castigado de los miembros de un Gobierno en democracia son aún más exagerados que esa película de ciencia ficción sobre el nombramiento de una cúpula fiscal para boicotear la acción de la Justicia contra los corruptos que se está promocionando desde los mismos lugares.
La realidad es que al actual ministro de Justicia le han reprobado porque el PP solo tiene 137 diputados y los del resto del Congreso quieren que se note. Al PSOE le interesa tapar en lo posible la bronca entre los suyos, Ciudadanos no puede dejar pasar una crítica a la corrupción y los demás están cada uno a lo suyo. Y la realidad es también que, aunque les pese, la Fiscalía no tiene trabas para perseguir a los corruptos.
Curri Valenzuela MRF
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