El “derecho a la autodeterminación” no está incluso en la Constitución Española ni en ninguna otra del mundo, excepto para los pueblos coloniales, a los que la Resolución 1541 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas concedió el 15 de diciembre de 1960»
No sé si terminaremos escribiendo nuestros artículos en inglés, pero vista la proliferación de términos británicos en nuestros periódicos, me temo que así ocurra, con los correspondientes errores, ya que el idioma de Shakespeare es muy traidor: parece fácil, pero es uno de los más complejos y crea confusiones, lamentables unas veces, cómicas la mayoría. No es nuevo y ya Camba, que se adelantó en casi todo, llamaba la atención de aquel colega que tan fino e ilustrado pretendía mostrarse que confundía el brebaje inglés de las cinco de la tarde con su famoso artículo: the. Me recuerda la crítica leída hace muchos años del «Sein und Zeit» que decía que lo único que había hecho Heidegger era «escribir griego en alemán». Pero a lo nuestro. Si yo caigo en lo que estoy criticando es por la popularidad que han tomado las «fake news» tanto en la letra impresa como en el lenguaje corriente. Y eso no es lo más grave, sino que las noticias falsas parecen tener más éxito en inglés que en español, aunque posiblemente se deba al viejo aforismo «una mentira repetida un millón de veces se convierte en verdad». ¿Hay posibilidad de desenmascararlas? Pienso que sí y es aplicarles su misma receta: contrastarlas con la realidad, con los hechos: the true facts. Les pongo los ejemplos más a mano y venenosos:
«ETA ha sido derrotada». Era tal el ansia de que la banda terrorista dejara de asesinar, que su abandono de las armas se aceptó, sobre todo en el País Vasco, sometido a la dictadura brutal del tiro en la nuca o el coche-bomba. Mientras el resto de España se felicitaba de que la labor de la Justicia y la Policía española hubiesen sido capaces de acabar con la pesadilla. Pero ¿de verdad ocurrió así? Sin duda la labor de nuestras Fuerzas de Seguridad y de nuestros Tribunales contribuyó al acorralamiento de los terroristas. Pero lo que realmente hizo que ETA dejase las armas fue que Francia dejó de ser un santuario para ellos, al darse cuenta de que terminarían siendo una amenaza para ella. Y hay otro factor: que ya no necesitaban matar: había llegado el momento de recoger las nueces del árbol que habían sacudido. De pasar al protagonismo político. Lo han hecho tan bien, con la ayuda de aquellos que les ayudaron a esconderse y huir, que hoy hay etarras no sólo paseándose por sus pueblos, sino ocupando cargos en las más diversas instituciones, incluido el Congreso español, donde se permiten la chulería de insultar al Rey y al Estado español, sin que la presidencia del mismo y del Gobierno les llame la atención. Si eso es una derrota, no sé lo qué sería una victoria, ¿hacerse dueños de España o, por lo menos, de los territorios vecinos? En eso están.
«España es una nación plurinacional». Pues no, señores: «España es un Estado social y democrático de Derecho, donde se garantiza la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» (artículo 1 de la Constitución), que es algo muy distinto. Es más, el artículo 2 proclama «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», garantizándose «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». Pero «autonomía no es soberanía», que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Como «nacionalidad» no es lo mismo que Nación, con mayúscula, que, como queda dicho, sólo hay una.
El «derecho a la autodeterminación» no está incluso en la Constitución Española ni en ninguna otra del mundo, excepto para los pueblos coloniales, a los que la Resolución 1541 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas concedió el 15 de diciembre de 1960. Y, una de dos, o se mantiene que Cataluña ha sido una colonia a lo largo de la Historia española, tras haber participado estrechamente en ella, tanto en su política (ha habido presidentes de Gobierno catalanes en las más diversas épocas, así como innumerables ministros), en su administración, en su industria y economía, hasta el punto de ser, con el País Vasco, la región más moderna y rica de España, o se le niega ese derecho. Es verdad que la Constitución Española admite la separación de alguna parte de su territorio nacional. Pero sólo si se hace conforme a normas muy estrictas y nunca por la sola voluntad de los habitantes de esa parte. La mejor prueba la tenemos en una de las naciones más democráticas, Estados Unidos: su larga y sangrienta Guerra de Secesión se debió al intento del Sur de separarse. Y sólo los ultraseparatistas se atreverán a tachar a Lincoln de dictador. En Checoslovaquia, uno de los Estados surgidos de la Primera Guerra Mundial, la separación se produjo por acuerdo entre ambas partes y respetando las normas. Mientras en Canadá, Quebec viene intentado hacerlo también ordenadamente sin conseguirlo hasta ahora y con posibilidades cada vez menores. En Yugoslavia, en cambio, no hubo acuerdo y la separación se produjo tras una de las guerra más crueles que haya habido en Europa. Espero que nadie querrá algo así en España, aunque hay quien está jugando con fuego no sé si por falta de cabeza o exceso de corazón. Para resumir: la secesión sólo se autoriza conforme a lo que dispone la Constitución, nunca al margen o contra ella.
«Inmunidad es impunidad». Pues tampoco. La inmunidad es una defensa que se concede a los servidores públicos en el desempeño de su cargo, así como a los ciudadanos que ayudan a la Justicia con riesgos personales para a ellos o sus familiares. Es, por tanto, una salvaguarda para que el cumplimiento de la ley y de los deberes cívicos no acarreen daños a quienes los cumplen. Mientras impunidad es justo lo contrario: incurrir en delito con la seguridad de que no acarreará castigo alguno. Una especie de carta blanca para saltarse la ley. Algo que va no ya contra los fundamentos del Estado de Derecho, sino contra la convivencia civilizada. Para delinquir no hay impunidad alguna y si alguien delinque, por más inmunidad que tenga, no queda exento de la pena correspondiente.
Sin embargo, se está intentando usar la inmunidad que confiere el escaño de diputado europeo para eludir los cargos de los delitos cometidos por los protagonistas del procés catalán de independencia, algunos de ellos ya condenados, otros fugitivos de la Justicia. Y eso no es sólo ilegal, sino que añade otro delito, el de fraude de ley: usar un subterfugio legal para violarla. Que ellos son los primeros en saberlo quedó de manifestado hace poco en el bizarro episodio ocurrido en Barcelona la noche en que la Junta Electoral Central inhabilitó a Quim Torra de su cargo de presidente de la Generalitat por haber desobedecido la orden de retirar propaganda en el balcón de ésta. Alguién arrió la bandera española que ondeaba en el palacio, según la normativa. Seguro que no fue Torra porque, de haberlo sido, no se hubiera arriado. Lo más probable es que diera la orden de arriarla para no incurrir en otro delito. Así son y serán.
Espero que estos «hechos verdaderos», vuelvo al español, sirvan para acabar con las «falsas noticias», aunque no estoy nada seguro de ello.José María Carrascal es periodista
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