Si la ley debe quedar en suspenso «revirtiendo la vía judicial», ¿a dónde vamos?
El discurso de Sánchez, si lo tomamos en su literalidad, resulta muy preocupante intelectualmente, porque ha cuestionado varios pilares de toda democracia: el respeto a la independencia de los jueces, el respeto al adversario político y el respeto a la libertad de prensa.
El presidente del Gobierno de una democracia avanzada nos ha dicho que hay que revertir lo que él llama «la vía judicial», que no es más que la aplicación de las leyes en vigor por parte de los magistrados y fiscales. Tenemos un aspirante a presidir España que afirma en la tribuna del Congreso que «la ley no basta». Si las normas que nos obligan a todos deben quedar en suspenso al albur de conveniencias políticas concretas, el resultado es el imperio de la arbitrariedad y el dominio del más fuerte, la ley de la selva. De todo lo que ha dicho en su discurso es sin duda lo más llamativo y también lo más grave.
Sánchez ha cuestionado además el pluralismo partidista y ha justificado los cordones sanitarios a los adversarios que rechacen los correctos parámetros de lo que él llama «la coalición progresista». Su frase literal fue esta: «No pediremos a nadie que renuncie a sus principios sino que renuncie a su sectarismo». El sectarismo no se tolerará. ¿Y quién decide qué partido es sectario y cuál no? El Gobierno de la coalición progresista. Maduro firmaría encantado esta idea.
Sánchez ha anunciado que el Gobierno creará un departamento para luchar contra las «fake news». De nuevo el mismo mecanismo: el Ejecutivo intervencionista será quién decida qué noticias son falsas y cuáles no. Por ejemplo, la revelación que hizo ABC sobre los plagios del presidente en su tesis doctoral sería catalogada por el Ejecutivo de «fake news» y se actuaría contra ella desde la Administración. Es decir, se está abriendo la puerta a la censura.
Además de esos tres ataques a los fundamentos de cualquier democracia, los anuncios económicos son también de gran importancia, porque si se lleva a cabo su programa, España se convertiría en un país anti negocios, un lugar a evitar por parte de los inversores. Sánchez anunció la derogación de una reforma laboral que ha servido para bajar el paro y ha anunciado más impuestos para los que cobren más de 130.000 euros, para la banca y para las tecnológicas, además de crear una «tasa verde». El giro a la izquierda destila desconfianza hacia los empresarios y hacia la cultura del esfuerzo, el legítimo afán de progresar en la vida y ganar más.
Pero estamos ante un político con rostro de acero inoxidable, que mientras propone que la justicia quede en suspenso para contentar a sus socios separatistas ha iniciado su alocución envolviéndose en la bandera de España y prometiendo con énfasis que el país «no se romperá».
Vivimos una mañana apasionante en el Congreso. Pero el partido se juega en Barcelona. Lo que hable ERC en su reunión y las decisiones que tome Torra esta tarde incendiarán, o no, todavía más el polvorín catalán y pondrían en entredicho la propia investidura de Sánchez (aunque ERC le ha aplaudido con placer esta mañana). Tras escuchar hoy en discurso del candidato, no cabe duda que otras elecciones son un mal menor comparadas con la alternativa de la «coalición progresista» que no cree en la «vía judicial», proscribe a los adversarios que estima «sectarios» y anuncia un instituto de censura informativa. Parafraseando al Sánchez del pasado verano, la hipótesis del Gobierno social-comunista sostenido por ERC provoca insomnio y asombra la mansedumbre con que los españoles están asistiendo a este intento de fumarse sus derechos y libertades...
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