La concejal de Ahora Madrid Rommy Arce vuelve a estar en el ojo de la polémica. En esta ocasión, por intentar parar una denuncia contra un grupo musical que vociferó insultos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante un concierto. El malestar en la Policía Municipal es manifiesto y no entienden la actitud de la edil de Manuela Carmena.
Los hechos ocurrieron la tarde del sábado, 13 de mayo, en el escenario de Madrid Río. A partir de las siete de la tarde, en el marco del festival «San Isidro Saltador», actuó el grupo Émbolo. Según fuentes policiales, entre canción y canción, uno de los componentes del conjunto de hip-hop gritó: «¡Me cago en la puta madre de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Municipal!».
Aquello fue presenciados por agentes del último Cuerpo mencionado, que prestaban labores de seguridad en el evento. Los funcionarios se dispusieron a realizar un informe denunciando los insultos, pero Rommy Arce, presidenta del distrito de Arganzuela, donde ocurrieron los hechos, intentó evitarlo. De hecho, incluso telefoneó a Andrés Serrano, director general de la Policía Municipal, para parar la actuación de los agentes. Pese a las presiones, no lo consiguió.
Cesión del Ayuntamiento
El evento estaba organizado por una red de medios de comunicación, pero el espacio fue cedido por el Ayuntamiento de Madrid. La concejal Rommy Arce, que también dirige el distrito de Usera, es conocida por sus posturas antisistema y hace gala públicamente de su defensa del delincuente «Alfon», encarcelado desde hace dos años por posesión de artefacto explosivo.El grupo musical emitió un comunicado en el que enmarcaba su proclama dentro de «la libertad de expresión» y tacharon lo ocurrido de «censura».
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Llegó el «día cero» para la Cañada Real.
Tras más de cincuenta años de conflicto, de infraviviendas construidas
en muchos casos sin autorización, de carencias de todo tipo y de
inseguridad, todos los partidos políticos y las administraciones
implicadas se han puesto de acuerdo en cómo solucionar la situación.
Y lo han llevado a un pacto que rubricaron todos ayer, en una foto
histórica que pretende ser el principio del fin de una situación
«incompatible con el modelo de sociedad que queremos», como lo definió
la presidenta Cifuentes.
El PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos -a través de sus portavoces autonómicos-, y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas, además de la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno, rubricaron el acuerdo, que lleva aparejada la puesta en marcha de los organismos que lo lleven a la práctica: una Asamblea de la Cañada Real, un Comité Ejecutivo y una Comisión de Seguimiento.
Además, habrá un primer plan de choque que comenzará casi de inmediato, y en el que está previsto que se inviertan 1,5 millones de euros en construir carreteras adecuadas que permitan la recogida de basura, la puesta en marcha de un servicio de Correos o rutas escolares; mejorar la comunicación pro la EMT, y garantizar la red de suministros básicos -agua y luz-.
La presidenta regional ha defendido que se ponga en marcha finalmente un acuerdo que supone «un desafio para todas las instituciones» por la necesidad de trabajar para que «todas las personas tengan las mismas oportunidades». Ha destacado el acuerdo unánime alcalzado, «en una legislatura en la que no es fácil que estemos todos de acuerdo en algo».
La Delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, ha considerado este acuerdo como «un instrumento muy positivo para la Cañada Real».
El PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos -a través de sus portavoces autonómicos-, y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas, además de la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno, rubricaron el acuerdo, que lleva aparejada la puesta en marcha de los organismos que lo lleven a la práctica: una Asamblea de la Cañada Real, un Comité Ejecutivo y una Comisión de Seguimiento.
7.300 habitantes
Entre otros acuerdos, está previsto que se actúe sobre los 14,2 kilómetros de longitud de la Cañada, en la que viven casi 7.300 personas en 2.500 viviendas, además de contar con comercios e industria. Está previsto estudiar una solución adecuada para los sectores 2 al 5; desmantelar totalmente el sector 6 -el más conflictivo desde el punto de vista de la seguridad-, y una solución que permita consolidar la mayoría de las viviendas del sector 1 (Coslada).Además, habrá un primer plan de choque que comenzará casi de inmediato, y en el que está previsto que se inviertan 1,5 millones de euros en construir carreteras adecuadas que permitan la recogida de basura, la puesta en marcha de un servicio de Correos o rutas escolares; mejorar la comunicación pro la EMT, y garantizar la red de suministros básicos -agua y luz-.
La presidenta regional ha defendido que se ponga en marcha finalmente un acuerdo que supone «un desafio para todas las instituciones» por la necesidad de trabajar para que «todas las personas tengan las mismas oportunidades». Ha destacado el acuerdo unánime alcalzado, «en una legislatura en la que no es fácil que estemos todos de acuerdo en algo».
Carmena destacó a las muchas organizaciones sociales que han colaborado en la Cañada y en buscarle solucionesLa alcaldesa Manuela Carmena ha destacado lo importante de que los esfuerzos de las instituciones se acompañen y apoyen en la colaboración ciudadana, y ha destacado el trabajo de organizaciones como Secretariado Gitano, Caritas, Cruz Roja, la parroquia de Santo Domingo de la Calzada o El Fanal en este proceso.El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, ha insistido en que los esfuerzos se centren ahora en «que el pacto no se quede en papel mojado». Y su homólogo de Rivas, Pedro del Cura, ha puesto en valor lo que supone el pacto entre todos: «Acabar a lo que era un símbolo de exclusión social, y una brecha del sureste madrileño».
La Delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, ha considerado este acuerdo como «un instrumento muy positivo para la Cañada Real».
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MRF
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