En plena polémica por el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco, el Gobierno de Pedro Sánchez afronta otro conflicto a cuenta de la retirada del recurso contra la ley vasca de abusos policiales que pretende reconocer la existencia de presuntas víctimas de torturas sin necesidad de sentencias judiciales.
sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil se reunirán en septiembre para marcar una nueva hoja de ruta y estudiar posibles medidas contra la decisión del Ejecutivo socialista, que cambia totalmente la postura adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Se lo advertimos públicamente y no descartamos que podamos tomar alguna acción judicial en contra de esa decisión que, a todas luces, nos parece una prevaricación", afirma en declaraciones a Vozpópuli Luis Mariano Rodado, secretario general del SUP(Sindicato Unificado de Policía) en Euskadi. Tampoco descartan posibles movilizaciones.
.El PSOE acordó hace dos semanas con el Gobierno Vasco realizar modificaciones en el articulado de la norma aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 con los votos a favor del PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP y UPyD. La retirada del recurso acordada en el Consejo de Ministros del pasado viernes llega sin que esas modificaciones se conozcan, aunque la idea es que la norma no busque responsabilidades, sino que sirva para resarcir a los afectados con indemnizaciones. Según explicó el pasado viernes el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, "en ningún momento se pretendió que (la ley) entrara en el terreno de la investigación judicial, que entrara a identificar responsables y a definir culpas, sino solamente en el reconocimiento y reparación de las víctimas de esos derechos fundamentales".
El objetivo es aprobar la reforma en octubre, cuando se retome el período de sesiones en la cámara de Vitoria. Pero los sindicatos policiales y algunas asociaciones de víctimas como Covite, reunidas en un grupo de trabajo, quieren dar la batalla hasta el final. "Algo más vamos a hacer, está claro. No estamos dispuestos a que se insulte una vez más a nuestras víctimas ni a que se cuestione la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado", manifiesta en declaraciones a este diario Ramón Rodríguez Prendes, secretario general de la conservadora UGC (Unión de Guardias Civiles). "Vamos a seguir avanzando y vamos a llevarlo a los tribunales que sea necesario. Pero no vamos a tolerar una manipulación de lo que ha sucedido", apostilla.
Carta a los ministerios
Hace dos semanas hicieron llegar cartas tanto al Ministerio del Interiorcomo al de Justicia y a la propia Fiscalía General del Estado para trasladar su malestar por la decisión de Moncloa. En ella mostraban su temor a que se acabe imponiendo "el relato del conflicto" y que triunfe el intento de construir una "memoria alternativa" que "blanquea el pasado criminal de ETA y ensucia el de las víctimas del terrorismo". En el título de la ley se habla de "violencia de motivación política".
Además de recordar que la denuncia de malos tratos por parte de los etarras era algo "sistemático" en cada detención, tanto el SUP como la UGC califican la decisión como una contraprestación al apoyo del PNV en la moción de censura contra Rajoy. "Es una moneda de cambio a todas luces política. Nos están vendiendo por una decisión de poder, pero vamos a seguir luchando", enfatiza Rodado. "Posiblemente sea un peaje que tiene que pagar por el apoyo recibido para llegar al Gobierno. Pero a los guardias civiles las componendas políticas ni nos van ni nos vienen. Nosotros queremos verdad; ellos son los verdugos, no las víctimas", remata Rodríguez Prendes.
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