El Consejo de Transparencia insta a Justicia a facilitar los datos del traslado a un ciudadano antes del 15 de octubre
El Consejo de Transparencia obliga al Ministerio de Justicia a facilitar todos los informes de los que disponga y en los que se recoja el procedimiento por el que se llevó a cabo el traslado de los restos mortales de Francisco Franco desde El Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio (El Pardo, Madrid) el pasado mes de octubre de 2019.
A través de una resolución fechada a finales de julio, este organismo, encargado de garantizar los derechos de los ciudadanos que solicitan información a la administración a través del Portal de Transparencia, da la razón al reclamante, que una vez agotados los plazos establecidos por ley no obtuvo ninguna contestación por parte de la Administración. Tampoco le
dieron ninguna razón que explicase la ausencia de respuesta, lo que ahonda en la posibilidad de que la Administración apostara -como es cada vez más habitual- por el silencio administrativo para intentar sepultar el expediente.
Ante la falta de respuesta, el ciudadano solicitó amparo al Consejo de Transparencia, que volvió a remitir al Ministerio de Justicia, gabinete encargado de este tema, la petición. Al ser interpelado por este órgano, Justicia reculó y dio la razón al ciudadano, por lo que aceptó facilitar la información. Eso sí, alegó que no la entregaría, como pronto, hasta el 15 de octubre de 2020, un año después de la exhumación. Justicia, tras hacer un repaso del caso, que ya ha dado sus últimos coletazos judiciales, se escuda en que en dichos informes existen datos personales que debe velar e intereses particulares sobre los que debe consultar a los afectados antes de hacer pública la información.
«Resulta evidente que el expediente administrativo se corresponde con un procedimiento en el que han tenido intervención, como interesados, personas físicas y jurídicas perfectamente identificadas, por lo que es razonable interpretar que la concesión del acceso al mismo puede afectar a sus derechos e intereses, en tanto que comportará el conocimiento de escritos y alegaciones realizados por ellos», expone el Ministerio, basándose en la propia ley de Transparencia, en sus alegaciones. Acto seguido, el gabinete que dirige Juan Carlos Campo advierte al Consejo que «concederá a los interesados del referido expediente administrativo el plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, no otorgándose el acceso a la información solicitada hasta que transcurra dicho plazo».
Alargar el proceso
Una vez que los afectados hayan realizado las alegaciones oportunas, Justicia señala que procederá a «anonimizar los datos de carácter personal del expediente de exhumación y traslado de los restos mortales de Franco». Por todo ello, el Ministerio considera que no podrá concluir estas labores antes del 15 de octubre de 2020. Cabe recordar que la solicitud inicial del ciudadano se registró el pasado 19 de noviembre de 2019.
El Consejo, tras examinar las alegaciones de Justicia, subraya que este margen que se autoasigna el Ministerio «resulta excesivo» y que, además, el gabinete de Campo tampoco expone en su razonamiento «las circunstancias por las que ha fijado dicha fecha». De igual modo, reconoce que puede abrir el trámite de audiencia con los afectados por este procedimiento, pero le advierte, por si quisiera emplear este mecanismo para demorar o diluir sus obligaciones, que este proceso «no impide que se pueda entregar la información requerida, aunque esos terceros se pudieran oponer a esa entrega».
Respetando este escollo y la labor de anonimización de la documentación, el Consejo de Transparencia considera que Justicia debe entregar la información sobre la exhumación de Franco «en el plazo más breve posible». Concretamente, en su resolución, insta al Ministerio a facilitarla «no más tarde del 15 de octubre» con el objetivo de que no se demore «sine die» el procedimiento. Es preciso apostillar que las resoluciones del Consejo de Transparencia tiene carácter ejecutivo, por lo que deben ser acatadas por la Administración
