Faltan medidas concretas y recursos para abordar otro caos en los centros de mayores, protestan varios de los asistentes. A ello se une las quejas del sector por no haber sido invitados al encuentro promovido por la Vicepresidencia de Iglesias
Vuelta a empezar. Aunque nadie quería hablar ayer en la Vicepresidencia de Derechos Sociales que comanda Pablo Iglesias de que se produzca una segunda ola trágica de coronavirus en las casi 5.000 residencias de mayores que hay en nuestro país, lo cierto es que el personal y gestores de las mismas advierten ya de que, como era obvio, el bicho está encontrando las grietas para volver a alojarse en muchas de ellas, como lo hizo en marzo. No lo hace con la misma virulencia, pero no se fían. El recuerdo de aquellas semanas de la primavera está muy presente. Entonces se infravaloró al virus y ahora se sigue haciendo, dicen a ABC varios asistentes a la tercera reunión del grupo de trabajo conformado entre Vicepresidencia y autonomías para abordar la pandemia en los geriátricos. Algunos, todos en gobiernos regionales de la oposición, calificaron al teminar el cónclave de «postureo», «apariencia» y buena «terapia de grupo», puesto que los representantes autonómicos se limitaron a exponer el alcance de los brotes en sus comunidades.
El diálogo en este grupo de trabajo, promovido por la Vicepresidencia y que se constituyó el pasado 25 de junio, no dio muchos frutos, si bien desde Vicepresidencia, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, dijo a su término que el encuentro había servido para impulsar «urgentemente» un «plan de choque» que refuerce el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, «dado el contexto de rebrotes» que se vive en los centros.
El encuentro llegó precedido de polémica debido a que ningún representante de las patronales del sector, como la Federación Empresarial de la Dependencia o Ceaps (Círculo Empresarial de Atención a las Personas), fue invitado; tampoco se escucha a una representación de los 117.000 trabajadores de estos centros y que tan directamente sufrieron las consecuencias de la pandemia (un 30%estuvo de baja por ansiedad o enfermedad).
Por ello, algunos dirigentes autonómicos, como el de la Comunidad Valenciana, portaban en su «cartera»de peticiones la urgencia de abordar el estrés que también se está padeciendo en los centros no residenciales o centros de día, tal y como trasladó Rubén Sancho, secretario de Igualdad y Diversidad del Ejecutivo de Ximo Puig.
Pero al finalizar el encuentro vespertino –fue telemático el pasado 4 de agosto– pocos habían sido los avances concretados. De hecho, algún asistente protestaba fuera de cámaras y grabadoras porque el motivo de las reuniones era «abordar las necesidades o dificultades a las que se enfrentan» las autonomías y reclamar recursos, si bien en ninguna de las tres tandas «se ha hablado de dinero». La consejera del ramo andaluza, Rocío Ruiz, sí reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que destine una partida del Fondo Europeo de Reconstrucción a las residencias de personas mayores y con discapacidad, dado el «gran esfuerzo» que están realizando los centros residenciales para hacer frente a la pandemia.
Flecos
Otros «flecos» que se quedaron sin una resolución en esta importante reunión fueron el abordaje de la falta de personal en los geriátricos ante una temida segunda embestida del virus; el coste de sus pruebas masivas y equipos de protección o la necesidad de medicalizar las residencia. «Papel mojado», define otro dirigente que acudió a la llamada del Gobierno. «Todas las autonomías demandan más medios, pero la Vicepresidencia se ha limitado a pedir que se le envíen los protocolos de coordinación entre los departamentos de Política Social y Sanidad, informes que están hechos desde hace semanas». «Hay que aparecer en la foto y aparentar que se coordina, sin anunciar medidas efectivas», afean desde una comunidad gobernada por la oposición.
El mensaje crítico lo suscribe, en parte, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, quien acusa al Gobierno de no haber «diseñado el plan de contigencia en residencias que prometió», y de que no se ha destinado «ni un solo euro más a la atención a la dependencia» acorde con la crisis sanitaria que golpea a las residencias.
«Solo estando presentes en estas reuniones se podrá enfrentar la situación; no se cuenta con la experiencia de los trabajadores del sector», reprueba Jesús Cubero desde Aeste (Asociación de Empresas de Servicio de la Dependencia). «Gobierno y autonomías han perdido la oportunidad de abordar desde un punto de vista profesional los contagios en las residencias», abunda.
Del lado de Ceaps, su directora gerente, Marina del Corral, pide que el Ministerio de Sanidad se implique en aras de perfilar la derivación de enfermos a los hospitales. En declaraciones a este diario, subraya como «positiva» la reacción del Gobierno, al que ve con mayor empatía hacia el sector que meses atrás. La queja de Del Corral es «no haber sido invitados; se nos pide, en cambio, intervenir en otros foros».
Sindicatos como CSIF y UGT, por su parte, se sumaron al coro de protestas por la situación de desamparo en que queda el personal de las residencias. «La mayor parte de los nuevos focos ha partido de los trabajadores, pero la Administración sigue debatiendo quién paga sus test», denuncia FED, y refrenda CSIF, que alerta de que los trabajadores deben superar una prueba al volver de sus vacaciones o serán un vector de transmisión.
En su comparecencia de ayer, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, rebajó a un «suave incremento» la incidencia en las residencias, aunque el Gobierno, dijo, «trabaja duro porque este colectivo preocupa». «Si sigue aumentando la transmisión, el coronavirus acabará entrando» en los geriátricos
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