El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga el cobro por derechos de obras apenas modificadas emitidas como hilo musical en programas nocturnos
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a 14 entes televisivos, entre ellos las principales cadenas de televisión, por el fraude de «la rueda», vinculado a la SGAE y por el que, presuntamente, se obtenían ingresos millonarios por derechos de autor de contenidos musicales apenas modificados que se emitían como hilo musical en programas nocturnos.
En el auto, al que ha tenido acceso ABC, el magistrado les atribuye un delito de corrupción en los negocios cometidos por medio de organización y/o grupo criminal y les da un plazo de cinco días para personarse en la causa. Los investigados son: Radiotelevisión española, Atresmedia, Mediaset, Canal Sur, Televisión de Extremadura, Radiotelevisión del Principado de Asturias, Televisión de Galicia, Radiotelevisión de Aragón, Televisión de las Illes Balears, EITB, Telemadrid, Televisión Pública de Canarias, Radiotelevisión de Castilla y León y Televisión de Castilla La Mancha.
Los hechos investigados se remontan a 2016, cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una denuncia a raíz de las formuladas por distintas asociaciones y socios de la SGAE que informaban de la existencia de un grupo que, durante los últimos diez años, venían realizando actuaciones irregulares respecto al registro y/o modificaciones de obras musicales. El juez detalla en el auto el funcionamiento de esta operativa, conocida como «la rueda», que consiste en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales como si fueran nuevas, sin variación alguna de la auténtica, en la mayor parte de los casos; en otros casos, se realizaban ligeras modificaciones respecto a la partitura original.
Esos registros se realizaban a nombre de los denunciados, de personas de su entorno o de sociedades creadas a tal fin como cesionarias de los derechos de autor. Los investigados, según explica el auto, contactaban con «jóvenes estudiantes de obras clásicas en conservatorios a quienes se les ofrecía aparecer en televisión interpretando alguna de esas obras». Después, los denunciados registraban la obra emitida en televisión como arreglo suyo cambiando el título o realizando ligeros arreglos, con el correspondiente cobro de los derechos de autor.
100 millones de fraude
El juez cifra en 100 millones de euros el fraude total, teniendo en cuenta que el periodo investigado se refiere a los años 2006-2011. Las cadenas de televisión investigadas habrían ingresado unos 20 millones de euros anuales. Moreno apunta también que los investigados podrían estar actuando en «connivencia» con trabajadores de productoras televisivas, de tal manera que «abonarían estas comisiones para que su repertorio se difundiera en horas nocturnas, con preferencia a otras obras». Para evitar ser detectados y aparecer siempre los mismos beneficiados, los investigados cedían sus derechos de autor a familiares, cónyuges, hijos o creando sociedades o productoras.
El magistrado se basa en el informe del fiscal y explica que la actividad delictiva no podría desarrollarse «sin la actuación concertada con las diferentes cadenas televisivas en las que se emiten los repertorios musicales que generan los referidos beneficios económicos, que estarían así actuando en connivencia con los hasta ahora investigados, por cuanto su intervención estaría dirigida a recuperar parte del dinero que abonan anualmente a la SGAE por el uso del repertorio de los investigados».
El origen de la actuación denominada «retorno», continúa Moreno en el auto, se encuentra en la creación por parte de las televisiones de editoriales musicales con las que pretendían rebajar el dinero que pagan anualmente a la SGAE. «A final de año, si las cadenas registran canciones que ellos mismos emiten, deben cobrar una serie de derechos de autor que rebajan sustancialmente la cifra total que abonan a la sociedad de autores. Ellos suelen quedarse con el 50% de esos derechos. El otro 50% es el que da entrada a compositores, intérpretes, productores y empresas cesionarias que se reparten porcentajes de esa parte restante», refleja el auto.
Asimismo, el juez considera que la responsabilidad penal que pueda imputarse a las personas encargas de las áreas de las televisiones que realizaron las negociaciones y a los investigados hasta el momento también debe trascender «a los entes televisivos implicados en los que eran reproducidos los repertorios musicales en cuestión». Esto se debe a que «no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos», por lo que «permitieron» la emisión de repertorios musicales «no con criterios de calidad, obtención de audiencias u otros fines lícitos para tales entes televisivos, sino con un objetivo de carácter defraudador».
La diligencias practicadas hasta el momento revelan la inexistencia de mecanismos de prevención «dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente». Estos indicios evidencian, además, una «transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación». Por todo ello, el juez concluye que existen indicios de que los entes televisivos han participado en la omisión de estos hechos, como «auténticos sujetos de derechos y obligaciones, y por tanto deben adquirir el estatus jurídico procesal de investigado con los derechos y garantías inherentes al mismo».
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