La Constitución es el verdadero muro de protección de los derechos y libertades de los españoles frente al terrorismo y el separatismo
El cuarenta aniversario de la Constitución Española es una buena ocasión para reivindicar su letra y su espíritu frente al revisionismo partidista y la ruptura separatista que dominan los discursos más radicales contra la Carta Magna. Desde hace años, la izquierda tiene en marcha una estrategia de derogación del orden constitucional para volver al punto de partida de la Transición y sustituir el consenso entre españoles por la imposición de una revancha. En la extrema izquierda y en buena parte del PSOE ha cuajado el discurso frentista que impulsó Rodríguez Zapatero con la ley de Memoria Histórica y su pacto del Tinell para deslegitimar a la derecha democrática. Hoy, cuando el PSOE y Podemos se dedican a repartir carnés de constitucionalistas, la mayor amenaza a la Constitución de 1978 viene de ese discurso que esconde tras la petición de «reformas» una verdadera quiebra del orden constitucional, que se manifiesta en el ataque sistemático a la Corona, al que el Gobierno y su propio presidente hacen sus aportaciones con ideas temerarias, como la supresión del delito de injurias al Jefe del Estado o de la inviolabilidad del Monarca.
La Constitución no sólo se sustenta en la integridad de sus instituciones básicas, como la Corona, sino también en la soberanía del pueblo español y esta, en la unidad nacional. Cualquier pacto que busque atajos seudoconstitucionales para reconocer a Cataluña o el País Vasco el derecho a decidir vulnera tanto la soberanía como la unidad de la nación española. Las alianzas, aun cuando sean ocasionales, con golpistas del separatismo, que están siendo juzgados por delitos contra la Constitución, representan una deslealtad inaceptable en un Estado de Derecho y un riesgo para la continuidad del sistema democrático. El PSOE juega con fuego cuando avala el «constitucionalismo» de partidos como Bildu o ERC, porque está disfrazando al lobo con una piel de cordero que no merece.
También hay que advertir de que el cuestionamiento de la Constitución desde posiciones conservadoras o centralistas añade presión a un debate que provoca una innecesaria precariedad de la Carta Magna de 1978. Quienes como Vox hacen bandera de la unidad nacional frente a la fragmentación autonómica deberían admitir que la experiencia del 155 aplicado a Cataluña -breve, corta, insuficiente-, demostró que la Constitución no es el problema, sino la solución frente al separatismo y que la organización autonómica es compatible con la conservación, en manos del Estado central, de recursos para garantizar la cohesión nacional. Antes que promover un cambio constitucional es mejor comprobar hasta dónde llega la eficacia de la Constitución, verdadero muro de protección de los derechos y libertades de los españoles frente al terrorismo y el separatismo, y que también deberá serlo frente al guerracivilismo de la extrema izquierda.
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