Ambos ayuntamientos dejarán de cobrar el IBI de características especiales que se aplica a las grandes eléctricas.
El anunciado cierre de las centrales térmicas de Anllares y Compostilla tiene también daños colaterales para los municipios donde se asientan desde hace décadas. Sobre todo, como consecuencia de los ingresos por un impuesto muy poco conocido pero clave en las finanzas para ambos ayuntamientos, el Bices (Bienes de Interés de Carácter Especial), una especie de IBI para grandes instalaciones que dejarán de cobrar desde el momento que cese la generación de electricidad.
Cubillos del Sil será el gran damnificado ya que, según los cálculos del alcalde, Antonio Cuellas, el Ayuntamiento perderá ya en el ejercicio de 2021 casi 1,7 millones de euros entre ese IBI especial (1,4 millones) y lo que cobra a Endesa de IAE, otros 300.000 euros. Casi la mitad de su presupuesto anual, que este ejercicio ha sido de 3 millones de euros.
En Páramo del Sil, el Ayuntamiento dejará de ingresar unos 600.000 euros, algo menos del 30% de su presupuesto, que es de 1,7 millones de euros. Ángel Calvo, su alcalde, reconoce que es un duro golpe pero confía en que el efecto se compense en los próximos ejercicios con proyectos alternativos y los ingresos en los próximos años por las licencias de obra necesarias para el desmantelamiento de la central. «En ningún caso será lo mismo», asegura.
Los bienes inmuebles en los ayuntamientos se clasifican catastralmente en urbanos, rústicos y de características especiales. El de los Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices) se aplica en actividades específicas por el suelo, los edificios, las instalaciones y las obras de urbanización.
Los bienes de características especiales se clasifican a su vez en varios grupos: los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares; las presas, saltos de agua y embalses; las autopistas, carreteras y túneles de peaje y los de aeropuertos y puertos comerciales.
Técnicos del Catastro ya están estudiando lo que supondrá este impuesto para los ayuntamientos bercianos. Tampoco es que haya muchos antecedentes en España, salvo los casos de Garoña, la central de fuel de Cubelles, en Barcelona, o el desmantelamiento de una térmica en Almería.
Aunque en el caso de Cubillos está en marcha un proyecto como Forestalia, que se va a asentar en el municipio en el medio plazo, y eso generará también ingresos por el Bices, «no es lo mismo», aclara Cuellas. Forestalia generará 50 megawatios y pagará por esa producción eléctrica; Compostilla generaba 700 y pagaba mucho más. La diferencia es más que evidente, igual que el pago a las arcas municipales por los terrenos que ocupan: 100.000 metros cuadrados ocupará la planta de biomasa; 700.000 tiene la térmica de Endesa.
En el caso de Anllares, el cierre está a la vuelta de la esquina después de que el Boletín Oficial de Estado haya publicado ya la orden por la que se da un plazo de tres años para su desmantelamiento desde el pasado 7 de diciembre. Eso implica que ahora la empresa formada por una alianza de Naturgy y Endesa tiene tres meses para oficializar la petición de la precectiva licencia de obras. En el caso de Cubillos, Endesa ha anunciado su cierre para el próximo verano, por lo que en los próximos meses se publicará también en el BOE el plazo para su desmantelamiento. «Está claro que con ese dinero pagamos muchos gastos y no lo vamos a tener», concluye el alcalde de Cubillos.
Casado no al Cierre Ideológico
El presidente del PP, Pablo Casado, rechazó el pasado viernes en Teruel –donde ratificó a los candidatos de su partido a las municipales y autonómicas en Aragón— el cierre de las central térmica de Andorra en junio de 2020.
En declaraciones al periódico Heraldo, Casado se posicionó contra el cierre de la planta de Endesa y aseguró que «no hay tiempo para una transición justa» que permita generar alternativas laborales. El líder popular recordó que el PP «ya planteó una reforma legal para que no se cerraran centrales si alguien quería seguir operando», pero la iniciativa fue rechazada en el Congreso de los Diputados con los votos de PSOE, Ciudadanos y Podemos.
El máximo representante de los populares reclamó una transición energética que apure al máximo los plazos de funcionamiento de la térmica andorrana. En su opinión, el ‘carpetazo’ al carbón, favorecido por las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ideológico e inasumible económicamente». Casado aseguró que suprimir «a las bravas» el carbón autóctono como generador de energía eléctrica sería «caro, ineficiente y tremendamente irresponsable para el empleo».
Conductores
Hay casos de jóvenes que aprobaron las pruebas y tuvieron que esperar meses por la autorización.
No es una situación generalizada, ni llega a ser alarmante, dado que son casos puntuales. Pero, lo cierto es que este periódico ha confirmado la existencia en el Bierzo, en Ponferrada, de varios casos de jóvenes que han recibido las enseñanzas teóricas y prácticas de las autoescuelas, han aprobado el carné de conducir y han tenido que esperar varias semanas (los hay de varios meses) para tener en su mano el documento oficial que acredita que realmente están capacitados para manejar un vehículo de motor.
En algunas autoescuelas que operan en la ciudad —que prefieren que no salga publicado su nombre— se ha dado la voz de alarma y han constatado cierto malestar por la tardanza de la Jefatura Provincial de Tráfico de León en la tramitación del carné, y en dar curso de los permisos a los domicilios de los que han aprobado.
Uno de los afectados, que también prefiere mantenerse en el anonimato, aprobó el carné en agosto pasado, y sin embargo, el documento acreditativo le llegó a casa el 27 del pasado mes de noviembre. Con anterioridad, ni tan siquiera aparecía en la base de datos de conductores registrados en la provincia de León.
El problema en este caso es que, dos de los aprobados, tenían que moverse en coche desde Ponferrada a un pueblo cercano de la comarca del Bierzo por motivos de un trabajo que habían conseguido recientemente. Esto les llevó a circular con el coche, con el carné aprobado, pero sin poseer en sus manos el documento oficial.
En este caso, según explica también una persona de la autoescuela, el usuario del coche se enfrenta a una severa multa si es parado por la Guardia Civil de Tráfico o un agente de la policía, y no tiene en su poder un papel (aunque sea provisional), que indique que realmente sí ha obtenido el permiso de conducir, como realmente lo aprobó. La sanción administrativa en este caso puede incluso llegar a superar los 1.000 euros, cuando en realidad, el conductor presuntamente infractor sí ha cumplido con las pruebas para obtener el permiso de conducir.
Sin respuesta oficial
El asunto despertó malestar y ha sido trasladado a la Jefatura Provincial de Tráfico, que ya ha arbitrado medidas correctoras. Este periódico remitió un correo a la Administración para conocer su versión de los hechos el pasado 28 de noviembre, pero hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de respuesta, ni verbal, ni por escrito.
https://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/ MRF
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