PSOE, Podemos y nacionalistas tumban la propuesta invocando la «libertad de expresión» y Cs tampoco ve «necesaria» una normativa
El Congreso rechaza este martes, con los votos de PSOE, Podemos y los nacionalistas, la toma en consideración de una ley propuesta por el PP para preservar la neutralidad institucional y defender los símbolos nacionales y oficiales en las instituciones y espacios públicos. Ciudadanos sí avala la tramitación pero considera «electoralista» e «innecesaria» la iniciativa legal de los populares contra la invasión de los lazos amarillos en Cataluña convencido de que la Constitución ya protege los símbolos oficiales.
Socialistas, Podemos y nacionalistas han asegurado que la «libertad de expresión» y el «pluralismo ideológico» deben «prevalecer» y se han opuesto a prohibir por ley la simbología independentista en las calles y en los edificios públicos.
Adriana Lastra, portavoz socialista, argumentó por la mañana que los símbolos nacionales ya «están protegidos» y no ve necesario legislar para evitar que en las instituciones comunes se luzcan o cuelguen enseñas o símbolos «partidistas», como son los lazos amarillos con los que los independentistas denuncian la existencia de «presos políticos» en España.
«No vamos a entrar en el juego de las derechas», ha respondido Lastra preguntada por los periodistas sobre la posición de su grupo ante esta iniciativa del PP. El PSOE denuncia que PP y Cs están en una «batalla por la patrimonialización de los símbolos».
La portavoz del PP, Dolors Montserrat, reclamó a los socialistas que recapacite su voto y permita el debate y regulación de los símbolos. «Pedimos al PSOE que vuelva al constitucionalismo», aseguró tras defender la necesidad de una ley que proteja los símbolos nacionales, locales y también al Rey, en plena campaña de Podemos y los nacionalistas contra la figura del Jefe del Estado.
«Señalan a quienes no llevamos lazo»
Durante el debate en el Pleno, el PP aseguró que la «ocupación invasiva» de cruces amarillas en las playas y plazas de Cataluña coarta la libertad de los no independentistas e imposibilitan la convivencia y consideró que debe impedirse que los funcionarios como médicos ejerzan con lazos. «No se equivoquen señores del PSOE porque quienes llevan lazo están señalando a los que no llevamos lazo», denunció Montserrat.
La diputada popular recriminó que los socialistas autorizaran hace pocos días la tramitación de una ley para para despenalizar las injurias a la Corona mientras ahora dice no a impedir el secuestro del espacio público en Cataluña. «Esta proposición de ley es un refuerzo de la democracia. No confundan calma con miedo, convivencia con silencio», insistió la portavoz del PP denunciando los «abusos nacionalistas» en las calles e instituciones.
«Es fundamental preservar la neutralidad de los espacios públicos, un espacio de convivencia donde podamos volver a mirarnos a los ojos, cogernos de la mano. El nacionalismo pretende expulsarnos de los pueblos. Nos quiere fuera de la vida pública, de las fiestas de los pueblos. Nos hacen el vacío social, también económico y cultural», ahondó mostrando fotografías de plazas y playas infestadas con simbología independentista.
«Esta ley defiende la convivencia, la libertad y la neutralidad. Decir no a la tramitación de esta ley es decir que nos quieren fuera de nuestros pueblos», prosiguió la portavoz popular, que acusó al PSOE de «traicionar» sus propios valores constitucionalistas y socialistas por no actuar. «No dejen que los independentistas asfixien a la gente a huir de los pueblos. Si hoy dicen no, ustedes serán unos traidores», remachó.
Solo el diputado de UPN Carlos Salvador se mostró claramente a favor de legislar en esta materia recordando que en el País Vasco y Navarra se ha seguido similar estrategia para «invisibilizar» los símbolos nacionales desde las instituciones gobernadas por el nacionalismo.
El diputado del PNV Mikel Legarda rechazó la legislación planteada como «una suerte de ley mordaza para altos cargos y funcionarios». Y defendió que debe «prevalecer» el derecho a la libertad de expresión «ideológica», sobre todo en la vía pública, salvo en el único caso de que se enaltezca la violencia o el terrorismo, como marca la ley. La diputada de Bildu Marian Beitialarrangoitia comparó los lazos amarillos con los símbolos a favor de los presos de ETA (de la «repatriación de los vascos», según dijo) y acusó al PP de practicar el «totalitarismo».
Joan Tardà (ERC) aseguró que su grupo no defiende la neutralidad «porque supone criminalizar la crítica a las instituciones» e igualó los lazos amarillos a los lazos rojos (contra el Sida) o lilas(contra la violencia machista), a la bandera multicolor LGTBi o a los carteles que desde los ayuntamientos dan la bienvenida a los refugiados. «Los edificios públicos no son neturales ni lo tienen que ser» porque, zanjó, «por encima de todo existe la libertad de expresión». Sergi Miquel (PDECat) justificó que si los ciudadanos queman fotos del Rey es porque no se sienten identificados.
Ciudadanos critica al PP
Ciudadanos también se mostró en contra de la propuesta del PP por «electoralista». Miguel Gutiérrez afirmó que la Constitución ya «refuerza» los símbolos nacionales y consideró que «no es una ley necesaria», aunque avaló su tramitación. Centró su discurso atacar el pacto entre PP y PSOE para nombrar al nuevo órgano de gobierno del poder judicial.
El diputado de Cs recordó que hace dos meses Pablo Casado recriminó a Albert Rivera que retirasen lazos en las calles al entender que «genera crispación» y que deben ser los funcionarios públicos quienes garanticen esa neutralidad en las calles. «Defiendan la unidad de España siempre, cuando están en el Gobierno, en la oposición o cuando en Cataluña no son nada», desafió a la bancada popular.
María del Mar García Puig, de Podemos, acusó al PP de pretender «barrer la libertad de expresión» y construir «una España gris y triste donde no exista la disidencia». Envió un saludo a los «presos políticos de toda índole que se encuentran en nuestro país», con mención especial a los Jordis. Y denunció que PP y Cs libran una pugna por «ver quién tiene la bandera más grande», lo que a su juicio escondería un «profundo complejo en su proyecto de país, cada vez más frágil y excluyente».
El diputado del PSOE Artemi Rallo acusó al PP de «emponzoñar» la convivencia en Cataluña con una propuesta cuyo objetivo real «es atizar el fuego del conflicto» y recordó que el Tribunal de Estrasburgo defendió que la libertad de expresión «incluye ideas que ofenden, hieren e inoportunan» y que eso requiere un «generoso entendimiento» del uso de simbología en los espacios públicos.
Rallo aseguró que la Transición logró que la mitad de España se reconciliara con una bandera nacional «de la que se apropió la dictadura» y censuró que el PP la use ahora como «arma arrojadiza». Su conclusión fue que el PP «se envuelve en la bandera» para tapar la corrupción y como ejemplo cruzó dos fechas en octubre de 2002: mientras el entonces ministro de Defensa Federico Trillo izaba en la Plaza de Colón de Madrid una gran enseña nacional de «294 metros cuadrados, un mástil de 50 metros de altura, 19 toneladas de peso», ese mismo mes los papeles de Bárcenas recogen una entrega de 27.000 euros a Trillo «para compensar sus ingresos».
Lo que decía la propuesta del PP
El texto de los populares enviado en septiembre a la Cámara contempla un régimen de sanciones para los altos cargos y funcionarios de la administración, ya sea estatal, autonómica o local, que vulneren el principio de neutralidad institucional o permitan la presencia de símbolos partidistas en los edificios públicos y calles. Una de esas infracciones es lucir en la solapa o permitir la colocación de lazos amarillos durante el ejercicio de sus funciones públicas.
El PP cree necesario articular en una ley la defensa de los símbolos oficiales (el Rey como jefe del Estado, las banderas de España y autonómicas y locales, el escudo nacional y el himno; entre otros) y erradicar la presencia de símbolos «partidistas o excluyentes».
Se pretende acabar por ley con la presencia masiva propaganda separatista, involucrando a las autoridades, pero también a los funcionarios en el cumplimiento de la legalidad. El régimen de infracciones y sanciones es similar al previsto en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y va desde las infracciones leves a las más graves, que acarrearían el cese o la incapacidad para ocupar el cargo entre 5 y 10 años, según recoge la propuesta parlamentaria.
Los altos cargos y trabajadores públicos, en el ejercicio de sus funciones, estarán «obligados a abstenerse de realizar o impedir cualquier tratamiento ilegal de símbolos nacionales u oficiales, es decir, la colocación o reproducción gráfica o audiovisual, de símbolos y enseñas de naturaleza partidista». Ellos deberán corregir y restablecer ese principio de neutralidad.
https://www.abc.es/ MRF
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