Al más puro estilo de los hombres de negro de Bruselas, el consejero de Hacienda ha optado por intervenir Cataluña para que los independentistas no paguen el 1-O con dinero de los españoles.
La escalada de tensión ante el desafío catalán del referéndum ilegal del 1-O se saldó este viernes con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, convertido en una suerte de nuevo consejero catalán de Economía para finalizar una semana de lo más intensa.
Al más puro estilo de los llamados "hombres de negro" de Bruselas, Montoro optó este viernes por una "intervención económica" en las cuentas de Cataluña. Si la troika cortó el grifó a España en época de vacas flacas para que no gastara donde no debía, el ministro de Hacienda ha hecho lo propio para que la Generalitat no se gaste el dinero público de todos los españoles en la cita ilegal con las urnas del 1-O.
Así, Montoro anunció un paquete de medidas "novedosas" para controlar los gastos de la Generalitat de Cataluña y que suponen de facto una intervención parcial de las cuentas de esa comunidad autónoma. De hecho, con la decisión adoptada en el Consejo de Ministros, el Estado asumirá el pago directo de los servicios públicos fundamentales de Cataluña, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. Esto supondrá administrar buena parte de los 1.400 millones mensuales que el Gobierno libra a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.
Montoro explicó que el Gobierno ha tomado esta decisión "ante la situación de manifiesta ilegalidad" en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, explicó, de un mecanismo "de control de pagos novedoso" en términos de la "intervención del Estado" ya que no se habían adoptado nunca antes. "Se ha hecho por la excepcionalidad de la situación que vivimos", justificó el ministro y en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Pero quiso dejar claro que "no afecta al ejercicio de las competencias". "No asumimos competencias", remachó Montoro antes de recalcar que la Generalitat seguirá decidiendo qué cantidad de dinero va a Sanidad, a Protección ciudadana y Educación.
Lo que sí quiere garantizar el Gobierno de Mariano Rajoy es que "ni un euro" del erario público se va a destinar a una actividad ilegal como lo es el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre y también pretende asegurarse de que se cumplen los objetivos de estabilidad.
La aprobación de estas medidas por parte del Gobierno se produce después de que este jueves, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, comunicara a Hacienda que no iba a informar semanalmente de los gastos del Ejecutivo de Carles Puigdemont. También este jueves la interventora general de la Generalitat trasladó al Ministerio que iba a acatar la orden de su jefe de no informar de los gastos. Una actitud que fue comunicada a la Fiscalía.
Para aplicar estas medidas, el Ministerio emitirá un requerimiento al presidente Carles Puigdemont para que haga un acuerdo de no disponibilidad de crédito en relación con esas partidas en un plazo de 48 horas y si esta petición no es atendida, será el Ministro de Hacienda quien adopte la decisión.
Según Montoro, la Generalitat deberá comunicar al Ministerio todos los importes que se pagan con cargo a esas partidas del sistema de financiación a través de los informes de la interventora general de la Generalitat, quien deberá firmar, además, un "certificado" de que no se está financiando nada ilegal con cargo al erario público.
Con estos datos, será el Gobierno quien realice directamente los pagos de las nóminas, Educación, Sanidad y Servicios Sociales que suman buena parte de los 1.400 millones de euros que recibe Cataluña cada mes con cargo al sistema de financiación autonómica.
Se trata de aplicar el mismo sistema que se había venido utilizando con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con el que el Gobierno paga directamente las facturas de los proveedores de las CCAA y los vencimientos de deuda. Estas facturas se cargan a la plataforma FACE de Hacienda y los pagos son liberados por el ICO.
Hacienda no tocará la partida correspondiente a los impuestos cedidos a Cataluña y que supone una recaudación de entre 240 y 250 millones al mes. "Ellos tienen una capacidad de financiación pequeña y en eso no entramos", expuso Cristóbal Montoro.
Las medidas se publicarán al inicio de la próxima semana y comenzarán a correr los plazos y aunque Montoro no precisó durante cuánto tiempo estará el Gobierno controlando los pagos de la Generalitat, sí precisó que lo hará mientras "dure la situación de excepcionalidad" y mientras "se sigan negando a cumplir la ley y pongan en riesgo la prestación de servicios públicos, las transferencias a las familias y los pagos a la dependencia" que, añadió, se garantizan con las medidas que ha adoptado el Gobierno.
Al más puro estilo de los llamados "hombres de negro" de Bruselas, Montoro optó este viernes por una "intervención económica" en las cuentas de Cataluña. Si la troika cortó el grifó a España en época de vacas flacas para que no gastara donde no debía, el ministro de Hacienda ha hecho lo propio para que la Generalitat no se gaste el dinero público de todos los españoles en la cita ilegal con las urnas del 1-O.
Así, Montoro anunció un paquete de medidas "novedosas" para controlar los gastos de la Generalitat de Cataluña y que suponen de facto una intervención parcial de las cuentas de esa comunidad autónoma. De hecho, con la decisión adoptada en el Consejo de Ministros, el Estado asumirá el pago directo de los servicios públicos fundamentales de Cataluña, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. Esto supondrá administrar buena parte de los 1.400 millones mensuales que el Gobierno libra a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.
Montoro explicó que el Gobierno ha tomado esta decisión "ante la situación de manifiesta ilegalidad" en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, explicó, de un mecanismo "de control de pagos novedoso" en términos de la "intervención del Estado" ya que no se habían adoptado nunca antes. "Se ha hecho por la excepcionalidad de la situación que vivimos", justificó el ministro y en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Pero quiso dejar claro que "no afecta al ejercicio de las competencias". "No asumimos competencias", remachó Montoro antes de recalcar que la Generalitat seguirá decidiendo qué cantidad de dinero va a Sanidad, a Protección ciudadana y Educación.
Lo que sí quiere garantizar el Gobierno de Mariano Rajoy es que "ni un euro" del erario público se va a destinar a una actividad ilegal como lo es el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre y también pretende asegurarse de que se cumplen los objetivos de estabilidad.
La aprobación de estas medidas por parte del Gobierno se produce después de que este jueves, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, comunicara a Hacienda que no iba a informar semanalmente de los gastos del Ejecutivo de Carles Puigdemont. También este jueves la interventora general de la Generalitat trasladó al Ministerio que iba a acatar la orden de su jefe de no informar de los gastos. Una actitud que fue comunicada a la Fiscalía.
Para aplicar estas medidas, el Ministerio emitirá un requerimiento al presidente Carles Puigdemont para que haga un acuerdo de no disponibilidad de crédito en relación con esas partidas en un plazo de 48 horas y si esta petición no es atendida, será el Ministro de Hacienda quien adopte la decisión.
Según Montoro, la Generalitat deberá comunicar al Ministerio todos los importes que se pagan con cargo a esas partidas del sistema de financiación a través de los informes de la interventora general de la Generalitat, quien deberá firmar, además, un "certificado" de que no se está financiando nada ilegal con cargo al erario público.
Con estos datos, será el Gobierno quien realice directamente los pagos de las nóminas, Educación, Sanidad y Servicios Sociales que suman buena parte de los 1.400 millones de euros que recibe Cataluña cada mes con cargo al sistema de financiación autonómica.
Se trata de aplicar el mismo sistema que se había venido utilizando con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con el que el Gobierno paga directamente las facturas de los proveedores de las CCAA y los vencimientos de deuda. Estas facturas se cargan a la plataforma FACE de Hacienda y los pagos son liberados por el ICO.
Hacienda no tocará la partida correspondiente a los impuestos cedidos a Cataluña y que supone una recaudación de entre 240 y 250 millones al mes. "Ellos tienen una capacidad de financiación pequeña y en eso no entramos", expuso Cristóbal Montoro.
Las medidas se publicarán al inicio de la próxima semana y comenzarán a correr los plazos y aunque Montoro no precisó durante cuánto tiempo estará el Gobierno controlando los pagos de la Generalitat, sí precisó que lo hará mientras "dure la situación de excepcionalidad" y mientras "se sigan negando a cumplir la ley y pongan en riesgo la prestación de servicios públicos, las transferencias a las familias y los pagos a la dependencia" que, añadió, se garantizan con las medidas que ha adoptado el Gobierno.
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