Me encantaría estar iniciando un artículo sobre la gesta de Saharon Shelah, un septuagenario de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Maryanthe Malliaris, profesora de la Universidad de Chicago. Juntos han resuelto un problema que traía de cabeza a los matemáticos desde hace setenta años. Han logrado demostrar que dos variantes diferentes de infinito son en realidad del mismo tamaño. A los profanos nos suena a etrusco, pero el hallazgo es tan memorable que hasta «The Times» le ha dedicado un editorial. Me agradaría escribir sobre la compra de Blue River Technology por parte de la decimonónica multinacional John Deere, el gigante de los tractores verdes. Blue River es una firma de Silicon Valley que combina cámaras e inteligencia artificial para fumigar los cultivos de modo selectivo, aplicando pesticidas solo en las plantas que lo requieren. Una revolución para agricultura, la salud y el medioambiente. Los agricultores gastarán menos en plaguicidas. Los vagos como yo, que descansamos en las ensaladas de bolsa, ingeriremos menos veneno. El medioambiente saldrá beneficiado. La noticia todavía ofrece una lectura más: un fabricante de tractores da un salto al siglo XXI y pasa a convertirse en cierto modo en una empresa de AI. Vivimos avances vertiginosos, que reinventarán nuestras vidas y el mercado laboral…
…Pero si yo me pusiese a escribir una columna sobre los temas anteriores, bastante más importantes para la humanidad que la lamentable patochada xenófoba y golpista de Cataluña, me convertiría en un friki, porque en España ya solo hay un tema: la rebelión catalana, que detrae atención de los problemas prioritarios. España es ya un buen país, pero si corrigiese algunos desarreglos podría situarse en primerísima punta de lanza. Sus defectos están diagnosticados: un horizonte demográfico aterrador; una clase media debilitada por la crisis y desatendida por el actual Gobierno; una educación manifiestamente mejorable y con masas de jóvenes en el limbo del pasotismo; un modelo autonómico que urge corregir, recuperando una formación común y dando a quien tiene la responsabilidad del gasto también la del ingreso, norma elemental en cualquier manual de hacienda pública; una sociedad instalada en la queja y la subvención y enemiga de la meritocracia, que escucha los cantos de sirena de un populismo neocomunista, antiespañol y económicamente analfabeto; una carencia lesiva de patriotismo y autoestima; una deuda perenne con la ciencia… Tendríamos que volcar nuestras energías en esas lagunas, pero somos rehenes de una minoría. Unos 45 millones de españoles marchamos con la lengua de fuera al son de millón y medio de separatistas catalanes, minoritarios en la propia Cataluña. El Gobierno, apocado, argumenta en reuniones privadas que no se puede parar en seco a los sediciosos porque se caldearía la calle (es decir, si el enemigo es complicado, mejor tolerar ciertas ilegalidades, como el mitin de Tarragona). España pierde energías en una revuelta irracional, y no tan poderosa como parece, mientras nadie se atreve a hacer lo que toca: detener a esos golpistas, que es lisa y llanamente lo que demanda el pueblo español.
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Actuar conforme a la ley sin miramientos ni complejos o unir al bloque constitucionalista, entre las recetas de nueve de nuestros opinadores
La única solución posible para resolver el conflicto generado por la Generalitat es actuar conforme a la ley, de modo gradual y en función de la gravedad de las conductas vulneradoras de las normas. Así, si llegado el caso debe aplicarse el artículo 155 de la Constitución, o si la Fiscalía considera que debe solicitar la suspensión de cargos públicos, debe hacerse sin miramientos ni complejos, en la medida en que la ley nos vincula a todos. Incluso, si la conducta sediciosa es grave y conlleva pena de prision, asi deberá acordarse. En este momento no es un problema de voluntad política, sino de cumplimiento estricto de la ley. Cataluña debe disolver su Parlamento cuanto antes, convocar elecciones e iniciar una nueva fase política que no pretenda saltar por encima de la ley. A partir de ahí, y mientras siga vigente la Constitución de 1978, el Estado debería velar por que cada conducta indiciariamente sediciosa sea penalizada desde un inicio. España ya ha vivido de modo recurrente los empellones de Cataluña y jamás ha conseguido la independencia. No es un derecho de una parte del pueblo español. Lo es del pueblo español en su conjunto.
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MRF
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