En el campeonato por la antijuricidad, la ruptura de la democracia y la abrogación de la autonomía catalana que disputan los dirigentes del procés,la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha irrumpido para mal.
Colau se apunta al referéndum que su gente aún rechazaba ayer. Lo hace por la puerta trasera. Rompe el compromiso de su partido. Viola el deseo de la mayoría cualificada de sus electores. Traba un pacto fraudulento —¡y secreto, cuando se jactaba de su extrema transparencia!— con el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para cederle a él la gestión de los locales municipales sorteando su responsabilidad penal personal, que al parecer asumirá en solitario el Govern. Antepone su seguridad personal. ¿Es esta la valerosa Colau que remaba a contracorriente?
Al menos Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras, como verdugos del Estatut (lo han derogado ilegalmente en un autogolpe parlamentario) expresaron abiertamente sus fines rupturistas y las trampas las han cometido en los métodos. Pero Colau ha ocultado y llevado a engaño.
En el albor del procés, votó sí a la secesión en la consulta del 9-N de 2014, pero solo, dijo, para protestar. Luego prometió cumplir la ley. La asamblea fundacional de su partido (Catalunya en comú), en abril, reivindicó un tipo de referéndum que fuera efectivo, con garantías, vinculante y asumible por la comunidad internacional.
Ésta dictaminó en julio (Comisión de Venecia del Consejo de Europa) que la Generalitat era incompetente para convocar y por tanto contrariaba la ley. Y el grupo parlamentario de Catalunya sí que es pot, donde se integran los comunes o comuneros, fue el más contundente al denunciar la derogación del Estatut y la Constitución negando derechos a la oposición en las votaciones exprés de las leyes de desconexión, sin plazos ni amparo legal y prescindiendo del control del Consell de Garanties Estatutàries.
Mientras, Colau coqueteaba políticamente con los secesionistas, aparentando que protegía a un tiempo el derecho a votar (en libertad, dice, ¡cuando no hay garantía legal ninguna!) y a sus funcionarios. Y sus gentes de confianza se desentendían de su responsabilidad apelando a las bases.
Hicieron esto en una consulta que de tan torticera llega a estafa. Triple. Primero, se ocultó la cuestión al no inquirirles si querían o no votar en una consulta ilegal, sino si les apetecía “participar en la movilización” del 1-O —¿qué movilización, si solo hay una votación, y suspendida?—, y hasta el final del recuento no dijeron que movilizarse era votar. Segundo, porque los electores de Colau son, en dos tercios, contrarios a la independencia, y el apoyo a movilizarse fue de solo el 59,39%. Y tercero, porque han decidido apenas 3.000 afiliados, bastante menos del 50% —el 44%—, y sin mediar quórum de participación. El resultado intenta prestar alguna apariencia de legitimidad social a la operación secesionista de destrucción de la convivencia. Bravo.
Este triste montaje sirve para que Ada Colau tire la piedra de su protagonismo mientras esconde la mano. Pero es una piedra contra su tejado de credibilidad, y el de su partido. Un récord de tantos engaños solo lo habían logrado hasta ahora en Europa los ultras del Brexit.
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MRF
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