La Fiscalía General del Estado ha ordenado a los fiscales jefes de las provincias catalanas -Barcelona, Lérida, Tarragona y Gerona- que abran investigaciones a los ayuntamientos que están colaborando con la organización del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional. [Lea en PDF el texto remitido por Maza]
Al cumplir la orden, las Fiscalías provinciales deberán abrir diligencias de investigación para esclarecer los actos de colaboración con el referéndum ilegal, previsto para el 1 de octubre según los planes secesionistas. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció una actuación firme y ordenó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que denuncien a todos aquellos que colaboren con el 1-O, incluidos autoridades, funcionarios y particulares.
El Ministerio Público explica que la Asociación de Municipios por la Independencia ha difundido un comunicado en el que numerosos alcaldes ha decidido poner a disposición de la Generalitat espacios públicos para facilitar la votación por la independencia. A todos ellos Puigdemont y Junqueras les han pedido que faciliten espacios públicos el 1-0.
Para indagar en lo sucedido, la Fiscalía pide que declaren como investigados (asistidos por un abogado) los alcaldes colaboradores, cuyo listado aparece en la página web de Municipios por la Independencia.
En caso de que se nieguen a comparecer, la Fiscalía ordena a los Mossos d'Esquadra que proceda, como policía judicial, a arrestar a los regidores en cuestión para tomarles declaración. «A la vista del número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los municipios de mayor población», dice la Fiscalía.
Para Maza, la notoriedad de la prohibición de «los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación» hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de «al menos» los delitos de desobediencia y prevaricación «en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico», ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también del de malversación de fondos públicos.
Este último, según advierte Maza en su escrito está penado con hasta 8 años de cárcel e inhabilitación absoluta por hasta 20 años «en cuanto supondría la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas».
Siguiendo las instrucciones de la Fiscalía General del Estado, las Fiscalías provinciales catalanas han cursado ya la orden a todas las Policías locales de la comunidad autónoma, para que indaguen e investiguen cualquier acto encaminado a organizar y celebrar el referéndum ilegal.
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MRF
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