Sea delictivo o no, el Ministro del Interior reúne méritos suficientes para ser destituido
La Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Supremo admita las querellas presentadas contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por supuestos delitos de prevaricación, falsedad y coacciones, derivados de la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como responsable de la comandancia de Madrid. Parcialmente, el punto de vista de la Fiscalía es razonable, ya que, al tratarse de un cargo discrecional de libre designación, el cese puede producirse en cualquier momento, y parece tener más visos de prosperar cualquier recurso ante la jurisdicción administrativa. Sin embargo, ya no es tanto una cuestión penal -que podría serlo- como de bajeza ética y de falta de ejemplaridad. La sombra de la sospecha va a pesar sobre la Fiscalía durante toda la legislatura. Desde el mismo instante en que Pedro Sánchez la puso en manos de Dolores Delgado, la ministra de Justicia más sectaria de nuestra democracia, se hizo difícil pensar que la Fiscalía fuese a ser imparcial cuando alguna cuestión penal afectase al Gobierno.
Sea delictivo o no, Marlaska reúne méritos suficientes para ser destituido: incurrió en una conducta abusiva, vengativa e intolerante con De los Cobos, mintió al Congreso, justificó una intervención prohibida de Interior en un caso jurisdiccional para favorecer al delegado del Gobierno en Madrid y trató de atacar la independencia judicial exigiendo al coronel que le entregase un informe sobre el 8-M que solo podía conocer una juez. Y todo, agravado precisamente por la condición de juez del propio Marlaska, quien además de convertirse en un consumado purgador, ha dado validez al aserto de Sánchez de que la Fiscalía «depende» de Moncloa. Nunca en democracia hubo una Fiscalía más solícita y humillada al servicio del Gobierno....
Dolores Delgado ha tenido una entrada pausada, consciente de que se la observa
Consciente de que todos sus movimientos se están mirando con lupa desde su aterrizaje, el pasado enero, en la Fiscalía General del Estado desde el Ministerio de Justicia, Dolores Delgado está teniendo un inicio de mandato discreto, en el que trata de pasar desapercibida y dejar clara su desvinculación de los asuntos que pueden estar relacionados con su anterior etapa en el Ejecutivo, que ni son ni serán pocos. Su estrategia es astuta, comentan fuentes fiscales, porque está aprovechando esta etapa de «parón» obligado que ha impuesto el coronavirus para intentar ganarse a la carrera con talante, simpatía y mano izquierda. Aunque la mayor parte de estos contactos hayan sido por videoconferencia por exigencias de guion.
Su gestión anterior en
el Ministerio sí ha servido para coordinar, de puertas para dentro, la organización interna y los servicios esenciales de la Fiscalía en momentos tan complicados como han sido las semanas de confinamiento y la reanudación de la actividad en Fortuny, que el lunes tuvo que ser interrumpida otra vez por dos nuevos casos de coronavirus.
Delgado sabe que, como su antecesora, María José Segarra, tampoco ella tiene el «pedigrí» de fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera, y que necesita tener el apoyo y reconocimiento de la treintena de fiscales de sala que integran el Ministerio Público. Quizá de ahí su interés por haber mantenido días atrás entrevistas individuales con cada uno de ellos, a los que ha sondeado y con los que ha compartido sus planes futuros para la Fiscalía. Eso sí, todavía no se ha atrevido a enfrentarse a la junta de fiscales en pleno para poner sobre la mesa cuestiones como su interpretación de los plazos procesales en el decreto de Justicia, en el que hizo un amago de reiniciarlos tras el estado de alarma y tuvo que dar marcha atrás cuando se le pidió que unificara criterios para que todos los fiscales pudieran actuar igual en toda España, algo para lo que no bastaba un decreto. Esa interpretación suponía poner a cero el contador en las causas de corrupción y alargar el suplicio de la espera del juicio por parte de los investigados.
Aunque su posición de la nueva Fiscalía General ya se ha dejado ver en varias causas de calado, la última, ayer, al rechazar investigar a Marlaska por el cese de De los Cobos, la verdadera prueba de fuego de la exministra estará en la treintena de nombramientos que tiene que acometer. De momento ha puesto como fiscal-jefe de la Secretaría Técnica a Álvaro Ortiz, quien fue portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que Delgado ha estado muy vinculada. Y, en una jugada maestra, ha mantenido al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, como su número dos. En diciembre, cuando se jubile, ya podrá poner en ese puesto vital a alguien de su absoluta confianza.
En esa treintena de cargos figuran cinco fiscales de sala, entre ellos la plaza del jubilado Antolín Herrero y la del fiscal del «procés» Fidel Cadena, cuyo mandato está pendiente de renovación. Inspección, Menores y Tribunal Constitucional son otras de las decisiones que deberá tomar Delgado. El dictamen del Consejo Fiscal no es vinculante.......
No hay comentarios:
Publicar un comentario