Como adelantó ABC, la patronal romperá la negociación con el Ejecutivo si se volvía a elevar el salario mínimo de manera unilateral
«No se puede querer gobernar a cualquier precio. Este acuerdo traerá más despidos y menos crecimiento». Así se muestran los empresarios consultados por este diario en un clima de creciente inquietud, a la espera de que esta tarde se conozcan oficialmente los detalles del acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Aunque quieren ser prudentes y solicitan tiempo para poder analalizar el detalle del documento, varios dirigentes empresariales consultados por este diario reconocen que sus peores augurios se han cumplido en lo que a materia laboral se refiere y mantienen sus únicas esperanzas en el freno que pueda imponer Bruselas.
La reforma laboral del PP es sin duda la gran denostada del acuerdo entre Sánchez e Iglesias. «Desconozco si se deroga en su totalidad pero lo que es evidente es que se le da un fuerte mazazo a su esencia», apunta un empresario. El acuerdo entre Sánchez e Iglesias deroga la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales, el despido por absentismo y se limita la capacidad de las empresas para modificar unilateralmente las condiciones de un contrato laboral. Este punto ha generado incomodidad incluso dentro de las filas socialistas, especialmente en Nadia Calviño, más alineada con la ortodoxia que exige Bruselas.
«Lo único que permitía crear empleo con tasas de crecimiento inferiores al 2% era la flexibilidad que ofrecía la reforma laboral. Si la mutilan, no se creará empleo neto y quizá hasta se destruya», advierte otro dirigente. La CEOE ya había venido mostrando su inquietud ante el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE en las últimas semanas. De hecho, tal y como informó ABC, la patronal romperá el diálogo en todas las mesas de negociación si, de nuevo, el Ejecutivo cede ante la formación de extrema izquierda e incrementa el SMI sin negociarlo antes con las empresas.
Ahora, la guerra entre los empresarios y el futuro Gobierno se da ya por descontada. «Tendrán a los empresarios enfrente», augura otra fuente, que recuerda una época no tan lejana en que los despidos y los ERE eran una noticia habitual. Los empesarios han venido reclamando el derecho de los agentes sociales a ser consultados en la toma de decisones que efactan al salario mínimo, algo que no ocurrió en 2018 cuando se situó en 900 euros. La legislación establece que fijar el salario mínimo para el ejercicio siguiente es potestad exclusivamente del Ejecutivo. Si bien el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores obliga a consultar previamente con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales.
Aunque el salario mínimo ha sido el gran caballo de batalla de los empresarios, también han puesto en alerta las subidas fiscales tanto a las personas físicas como a las sociedades. «Es una pérdida de competitividad enorme que España no puede permitirse en un momento de desaceleración y justo cuando el sector exterior comenzaba a responder», se lamentan desde otra empresa......
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